Vladimir Bustinza Delgado (Foto: la República)
Hasta ahora no existe ningún minero artesanal formalizado en Arequipa. Contradictoriamente, la región mistiana fue una de las que tuvo mayor número de declaraciones de compromiso presentadas para el proceso de formalización minera. Las cifras triplicaban, incluso, la cantidad que tiene Trujillo, segunda en el ránking.
Para el gerente regional de Energía y Minas, Vladimir Bustinza Delgado, el fracaso del proceso de formalización en Arequipa se debe a que el gobierno se equivocó en el planteamiento de la formalización.
¿Cuántos mineros en Arequipa aún no están formalizados?
Se presentaron cerca de 17 mil declaraciones de compromiso para la formalización, de las cuales aproximadamente 6 mil pueden acogerse aún a ésta debido a que se acogieron al Registro de Saneamiento que obligaba a los mineros a sacar el Registro Único de Contribuyentes (RUC). El plazo venció en octubre de 2014 (…). De todo el proceso de formalización, que incluye seis pasos, en Arequipa solo se aprobaron tres instrumentos de gestión ambiental correctiva (IGAC), frente a otras regiones como Puno y Cusco que ya tienen culminados varios procesos de formalización.
¿Por qué no hay formalización en Arequipa?
El proceso de formalización estuvo mal elaborado y enfocado desde un principio. Ocurre que para sanear realmente la situación de la pequeña minería y de la minería artesanal, en este caso, los que desarrollan actividades de manera informal e ilegal, el gobierno necesitaba saber tres cosas: Quienes son, cuántos son y dónde están; y eso no lo sabían. Entonces, si no tenían estos tres pasos, ¿cómo podían iniciar un proceso de formalización que tenga alguna medida positiva?
¿Había forma de que el Estado conozca a este sector?
El Estado primero debió meterse la mano al bolsillo e invertir en un gran censo o catastro minero para establecer el quienes, cuántos y dónde están las personas que realizan las actividades de manera informal, pero no lo hizo así y creó este proceso para que los mineros tengan que venir a Arequipa y acogerse a la formalización.
¿Hacia dónde debió enfocarse el proceso de formalización?
El Estado debió iniciar el proceso de formalización con los titulares de las concesiones mineras. A ellos debió exigirles que le informen si es que tenían actividades de minería ilegal en sus concesiones y cuánta gente trabaja para ellos. Se les debió otorgar un plazo para que señalen si tienen la capacidad económica, técnica y operativa para trabajar en las concesiones y si no la tienen, se les debió dar un tiempo para informar si podrían trabajar con las personas dentro de sus denuncios; de lo contrario, las tierras deberían revertirse al Estado.
¿Por qué presionar a los titulares de las concesiones?
Porque la Constitución Política del Estado, la Ley de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y la propia Ley General de Minería establecen que el otorgamiento de una concesión obliga a su trabajo, es decir, que el Estado entrega una concesión no para que se la guarde el propietario sino para que la trabaje. Muchos de los que obtuvieron terrenos especulan con ellos y esperan venderlos o cobrar a los mineros que llegan a trabajar.
¿Es posible que se cambie la ley para presionar a los titulares?
Desde el Gobierno Regional trabajaremos básicamente en tres proyectos de ley. Uno, diseñar nuevos mecanismos de formalización para aquellos que se quedaron fuera por no inscribirse, sacar RUC; segundo, sacar una norma para las personas que realizan actividades complementarias a la minería artesanal, como el caso de las pallaqueras; y el tercero, crear un proyecto para que la formalización sea obligación de los titulares de las concesiones.
Fuente: La República