(Fotografía: Gabriel Ramos)

(Fotografía: Gabriel Ramos)

Por Anita Nuñez

Abogada por la Universidad Católica de Santa María. Presidenta Regional de Arequipa para el período 2011-2015. Fue consejera regional de Arequipa, representando a la provincia de Camaná durante el período 2011-2014. Exreina de belleza.

Cada noche, al terminar la jornada, Yamila Osorio reúne en su oficina a sus asesores más cercanos y encabeza una reunión de evaluación política sobre lo ocurrido en el día. En los últimos dos meses, estas reuniones han tenido prácticamente un tema único: el conflicto en su región por el proyecto Tía María. Es miércoles y son casi las 9 de la noche. La presidenta regional de Arequipa –la más joven de nuestro país– ha postergado su reunión del día para atendernos telefónicamente. Durante los minutos finales conversamos sobre su pasado como exreina de belleza: “Es un pasado que me persigue, me gustaría que se enfoquen más en mi trayectoria académica”, dice.
¿Cómo han sido sus dos últimos meses? ¿Cómo son sus días con todo esto tan complicado en Islay? Casi ni debe estar durmiendo… 
Desde que iniciamos la gestión, sabíamos que este sería el primer conflicto social que iba a estallar. Lo sabíamos, en principio, porque habían resultado elegidos –tanto en Valle de Tambo como en la provincia de Islay– autoridades que siempre tuvieron una posición en contra del proyecto minero, y se había anunciado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) estaba aprobado y que el siguiente paso era la emisión de la licencia. Entonces, era previsible que esto iba a suceder. Además, porque en los últimos años, la presencia del Estado en la zona no ha sido muy significativa, ni el trabajo con los agricultores…
Si era previsible, ¿cómo se preparó su gestión para enfrentarlo?
Nosotros trabajamos para prevenir el conflicto, tanto es así que como gobernadora convocamos a todos los alcaldes para sostener una reunión con la ministra de Energía y Minas y, de esa manera, generar un espacio que permita acercarse a la población. Hemos tenido reunión con la (ex) premier Ana Jara, incluso se llegaron a instalar mesas de desarrollo en la misma provincia con la presencia de ministros. Estamos hablando de los meses de febrero y marzo, antes de que estalle el paro del 23 (de marzo), por supuesto que sí…
¿Qué siente una mujer joven, de 29 años, al presidir en este momento la región más convulsa de nuestro país? ¿Algo de temor? 
Yo he ejercido cuatro años como consejera regional, no es el primer conflicto social al que me enfrento. Además, la comisión que presidía era la de Gestión y Solución de Conflictos, entonces hemos tenido experiencias muy álgidas… Pero la historia de todo este conflicto data de muchos años atrás, y para entenderlo hay que hacer un análisis integral de los errores que hubo el 2011 y qué se hizo desde esa fecha para evitar que esto suceda. Creo que hubo errores de los diferentes actores. En el caso de la empresa, creo que agudizó el conflicto –que en su primera semana fue moderado–, cuando anuncia que se retira y luego desmiente esa acción y regresa. Esto marcó un quiebre en la protesta. Y por otro lado, mira, hemos hecho tantos intentos de diálogo…
Si habla de responsabilidad de todas las partes, ¿cuál es la que le corresponde al gobierno o al Estado?

(Fotografía: Gabriel Ramos)

(Fotografía: Gabriel Ramos)

Yo creo que ha habido voluntad, por lo menos en lo que a mi gestión se refiere, de generar espacios para que la gente pueda presentar las observaciones que tengan sobre el EIA, para que el gobierno regional intervenga, para que nos podamos asesorar con una consultora especializada. Han venido los ministros aquí, hemos instalado una mesa de desarrollo en la provincia, hemos viajado a la zona de conflicto, en fin… Pero en realidad, el trabajo no debió ser de ahora. Este trabajo se debió generar desde que terminó el primer conflicto que se ocasiona por el proyecto, en el 2011, hasta la fecha, y creo que en esto todos los actores que tenían que tener una posición estratégica o coordinada, han fallado.
Dice que desde el 2011, que estalla el primer conflicto, a la fecha no hubo casi presencia del Estado en la zona; estamos hablando de una inacción por parte de este gobierno.
Por supuesto y un incumplimiento de roles de todos los sectores, tanto de la empresa como del gobierno nacional, el gobierno regional, y los gobiernos locales. Yo considero que nadie puede sustraerse. Yo me pregunto, ¿la gente de la zona siente ahora  los beneficios del canon? No los siente. La provincia de Islay no tiene un hospital, la provincia de Islay y los agricultores hasta ahora no tienen construida la represa que siempre han esperado. El problema del agua, realmente, es álgido, significativo para ellos. No hay construcción de defensas ribereñas, para que cuando aumente el caudal del río no arrase con sus cultivos. La gente no siente los beneficios del canon. En todos estos años, sus reclamos han quedado postergados.
Estamos hablando ahí de un tema más profundo y de larga data. Hablamos de un país que tiene en la minería a una de sus principales actividades económicas, pero las zonas donde se realizan esta actividades extractivas, son muy pobres. 
Así es, efectivamente. Yo creo que además de las posiciones legítimas y razonables que tiene la gente de la zona, sus dudas, sus temores –porque no se ha sabido llegar bien a ellos–, hay una falta de respuesta a sus reclamos sociales. ¿Qué hubiera pasado si a la fecha hubieran construido una represa,  si tuvieran mejores escuelas, si tuvieran un mejor instituto tecnológico que capacite a los jóvenes para insertarse al mercado laboral, si tuvieran un hospital? No hay un hospital del Minsa, hay un hospital de Essalud que beneficia al 30 por ciento de la población; el otro 70 por ciento se atiende en postas de Essalud.
No se puede hablar de esta “minería responsable”, que se supone quería instaurar el presidente Humala, entonces.
No y una muestra clara es el Valle de Tambo, donde hay proyectos que no se han logrado ejecutar, pese a que se han prometido durante más de una década. Ahora, entiendo que esto no solamente es un trabajo que se debió realizar en los últimos años, involucra –obviamente– a varios gobiernos y a todos los actores, porque el desarrollo de una zona no es exclusivo de un gobierno nacional, de una empresa, sino requiere un trabajo articulado de los gobiernos a todos los niveles y de las empresas que, atendiendo a sus políticas de responsabilidad social, deben de sumarse.
¿Siente que en nuestro país nos hemos preocupado tanto en las cifras macro en las últimas décadas que nos hemos olvidado de las personas?
Falta darle un rostro más humano a la inversión; en la medida en que se le dé un rostro más humano, estos proyectos pueden prosperar, y debe haber un mayor nivel de coordinación en todos los niveles de gobierno. Lo más importante, creo yo, es generar confianza en la gente de que hay un gobierno, un Estado, que se interesa por ellos, por satisfacer sus necesidades, sus expectativas. En la medida que generemos confianza, creo que todo es posible.
Una encuesta de Datum señala que el 30 por ciento de la población está en contra de la minería, otros piensan que “sólo la minería salvará al Perú”. ¿Qué piensa usted?
La minería es importante, pero tenemos que apostar por fortalecer una política de diversificación productiva y apostar por otros sectores: el comercio, los servicios, la agricultura que generan muchos más puestos de trabajo que los que se requieren en los proyectos mineros. Por eso nosotros estamos sacando adelante el proyecto Majes, por ejemplo.
Pablo Bustamante ha dicho que si Tía María no va, los peruanos corremos el riesgo de convertirnos en subhumanos…
Si algo no debe ir es porque se ha demostrado que va a afectar o que no puede convivir con otras actividades. Mi posición siempre ha sido que las decisiones las tomemos de manera responsable. Si los pobladores tienen dudas, denuncias y observaciones al EIA, creo que hay una obligación de responder a esas dudas. Pero todos debemos hacer el mayor esfuerzo para propiciar los canales de diálogo que nos permitan, a través de las vías democráticas, entendernos y, por supuesto, encontrar puntos coincidentes. Yo no avalo imposiciones de ningún lado, sino decisiones razonables.
Me dijo hace un rato que después del conflicto que se generó por Tía María el 2011, todos nos olvidamos de esa zona. ¿Siente que siempre es así? ¿Lima no mira al interior del país sino es porque estalla un conflicto, porque alguien muere…?
Eso siempre ha sido así, lamentablemente. Solamente cuando estalla un conflicto se presta atención al interior del país y no hay una política de prevención ni articulación entre todos los niveles de gobierno. El proceso de descentralización tiene que fortalecerse, ese Consejo Nacional de Descentralización que permitía que las autoridades regionales, locales, puedan participar de manera horizontal con las autoridades nacionales y tratar temas estratégicos en favor de las regiones, debería retornar.
Habría que recordar que los partidos tradicionales, en realidad, ya ni  tienen presencia en esas zonas…
Sí, claro, y la muestra son los resultados de las últimas elecciones regionales y locales, donde la mayor presencia de autoridades la tienen los movimientos regionales. Por otro lado, yo sí quiero hacer una exhortación a que las posiciones en general de todos los partidos políticos sean responsables. El llamado a la paz, al diálogo… Lamentablemente, los conflictos más altos, parecen que fueran cíclicos. Siempre en etapas preelectorales, en donde se aprovecha un conflicto para tener presencia mediática y poder luego tener su cosecha, como se dice, con miras a las próximas elecciones.
Desde Lima, los políticos declaran y escriben en sus redes sobre la situación en Islay, cuando nunca han ido a la zona… 
Es muy fácil opinar desde la capital siempre. Para tener la verdadera imagen de lo que sucede hay que ir a la zona. Nosotros sí hemos estado ahí…
¿Por eso el castigo del electorado en las regiones? ¿Por eso la mayor presencia de movimientos regionales?
Claro, es que en los partidos políticos tradicionales no se ha optado por la renovación de cuadros, la agenda no es muy cercana a la realidad de las regiones, se formula desde la capital hacia el interior, no se construye de abajo hacia arriba. Adicionalmente, los partidos políticos están desprestigiados por una serie de denuncias que son noticia de cada día.
¿Hay un ‘terrorismo antiminero’, presidenta Osorio? ¿Está de acuerdo con ese concepto?
Lo que yo creo es que hay pobladores con legítimas y razonables dudas y observaciones al EIA, pero también considero, después de todos los actos de violencia, que de alguna manera han ido desnaturalizando la protesta, que es un derecho que le asiste a los ciudadanos, que hay presencia de intereses ajenos al valle de la misma región Arequipa. El Valle de Tambo es un valle tranquilo, en donde este tipo de actuación que se ha podido ver en el desarrollo de este paro indefinido nos lleva a decir que no obedece al normal proceder de la gente del campo.
Se habla de una infiltración de Movadef, de Sendero, de…
Yo no podría afirmar si hay Movadef, si hay Sendero, si hay etnocaceristas, pero lo que sí puedo decir es que la actuación de la gente que ha participado en el paro nos lleva a decir que no habría gente solamente del Valle, sino que podría haber presencia de terceras personas ajenas a los intereses genuinos de la zona. Eso se tiene que investigar.
¿Lo de Pepe Julio Gutiérrez, este audio que confirma que el exdirigente de Tierra y Libertad trató de negociar la continuidad del paro, deslegitima la protesta?
Es lo que yo trataba de decir al inicio… que hubo bastantes factores durante la evolución de la protesta, además del anuncio de la empresa, el destape de estos audios, de esta denuncia, nos lleva a decir que también se ha estado –de cierta forma– manipulando a la población, y lamentablemente estos factores han generado o han ganado más espacio para poder obtener algunos beneficios personales. Por supuesto, todo eso está sujeto a una investigación mayor, pero los primeros indicios nos dicen eso. Nosotros merecemos saber la verdad, exigimos saber la verdad de todo esto y de los involucrados, que no solamente es el señor Gutiérrez. La empresa también debe hacer un deslinde claro sobre su participación en este supuesto negociado.
Porque no solamente hablamos de un corrupto sino de un corruptor…
Por supuesto, por supuesto, y el pueblo de Arequipa exige saber la verdad sobre esta situación. Se juega con vidas, con la integridad de las personas, con la paz de la gente… Yo lo que creo es que además del reclamos social, legítimo de la gente, evidentemente hay incidencias políticas. Hemos visto a congresistas de otras regiones en la zona…
¿A quién se refiere?
Rimarachín, por ejemplo, que hoy nuevamente aparece en Arequipa y que ha estado acompañando en la movilización a la gente. Entonces, eso nos lleva a decir que el reclamo no es solamente social. Obviamente, aquí hay también intervenciones políticas. Yo creo que todos los partidos políticos están llamados a trabajar porque se respete el estado de derecho, porque se restablezca el diálogo, porque aprovechemos todos los mecanismos que nos otorga la democracia para poner fin a la violencia, y no azuzar a la gente.
¿Ha sido acertado declarar el estado de emergencia en la zona?
Nosotros siempre lo vimos como el último recurso y hasta ahora la reacción ha sido pacífica en la zona. Esperamos que así se mantenga. Yo he tenido una reunión personal con los generales de la Policía y del Ejército para que actúen con mucha cautela, con mucha prudencia, con el respeto a los derechos y de una manera que nos evite una escalada más del conflicto.
¿Qué debe pasar ahora? ¿El gobierno regional mantiene su propuesta de pagar una evaluación internacional del EIA?
La propuesta se mantiene vigente, pero ahorita estamos como en una etapa de recuperación. Lo que más nos interesa es la pacificación a plenitud en la zona. Hemos reiniciado clases, salvar el año escolar para nosotros es una prioridad, así como también salvar las cosechas y, de alguna manera, salvaguardar la economía de miles de familias que se dedican a la agricultura. Evidentemente, de manera inmediata, corresponde tender los puentes de diálogo con los actores legítimos, representativos, para encontrar una solución definitiva que ponga fin a este conflicto social.
La República