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Por Mónica Belling.
En el Desayuno Informativo “Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal”. el Director de Yanaquihua SAC., Antonio Samaniego, enfocó como empresario que uno de los principales obstáculos para el proceso de formalización, es la reticencia a firmar los contratos de explotación y los desentendimientos entre el titular minero y los mineros artesanales. lo cual ocurre en diversas partes del país.
Durante su ponencia sobre la visión de las mineras involucradas positivamente en el proceso de formalización, narró interesantes pasajes sobre la conformación de la mina Yanaquihua. Samaniego aseguró que más allá del tema de la tramitología excesiva y las debilidades propias de las regiones, la problemática de los desacuerdos entre los concesionarios del subsuelo y los mineros debe ser abordada a profundidad por el gobierno entrante.
“Se necesitan incentivos para que los mineros firmen los contratos de cesión. Además, las propias empresas concesionarias, que no necesariamente son grandes compañías, tienen que ayudar a los productores artesanales, ya que estos afrontan limitaciones presupuéstales y logísticas como para lograrlo por sí solos”, señaló.
A su vez remarcó la preocupación de Hernando de Soto respecto a la formalización económica en el suelo superficial, al considerar que esto coadyuvará con un mejor desenvolvimiento de los mineros y de la actividad en términos generales.
“Los mineros afrontan problemas adicionales al de la relación con los titulares del subsuelo (el Estado y empresas) como los desentendimientos con los propietarios del suelo, es decir, las comunidades del lugar. Muchas veces tienen conflictos con la comunidad -sobre todo cuando no pertenecen al lugar- por el uso del agua y el impacto medioambiental”, añadió.
Sobre el recurso hídrico comentó que en los alrededores de la mina -cuyo yacimiento Alpacay está situado en el distrito de Yanaquihua de la provincia arequipeña de Condesuyos- ha construido dos represas para un millón de metros cúbicos, aprovechando la intensa lluvia de la provincia en determinadas épocas. El empresario enfatizó que el agua ocasiona “un problema recurrente que genera disputas”.
Como parte de su experiencia personal desde el año 2002 en Condesuyos, explicó que mantiene una intensa y dinámica relación comunicativa con la población que constantemente varía en cuanto a su idiosincrasia acorde a los nuevos tiempos.
Finalmente, enfatizó que en su yacimiento minero, al igual que en otras operaciones de pequeña escala del país, la presencia de minero artesanales de otras regiones genera más conflictos a comparación de los agentes locales. Sin mencionar los problemas intrínsecos de los gobiernos regionales.
“Si miramos a las regiones, Arequipa tiene 17 mil solicitudes de formalización y apenas tiene un jefe, dos ingenieros y una camioneta, y si vamos a la Autoridad Regional Ambiental, observamos que tiene solo cinco personas. En cada gobierno nuevo cambian a este personal contratando a inexpertos”, recalcó.
Por último, reflexionó sobre un factor poco abordado que traerá como consecuencia el progresivo abandono de las concesiones del subsuelo: “el dictamen del gobierno de Alan García que estipula que los concesionarios deberán pagar luego de siete años de posesión, 1,200 dólares por hectárea cada año (antes se pagaba 100 por hectárea), es decir, pagarían más de un millón de dólares causando un masivo e inminente retorno de la propiedad al Estado”.
A su tumo, el ingeniero Luis Moran de la misma compañía de Condesuyos instó al sector minero a reflexionar sobre el impacto económico que genera la informalidad minera y la necesidad de crear condiciones socioeconómicas para erradicar este fenómeno. “Cuál es el tamaño del efecto económico del que hablamos. La exportación de oro representa entre el 30 y 40% de la producción minera total del país. Formalizar significa buscar una solución y el mercado juega un rol importante para encontrarla”, explicó tras acotar que solo el 1% del oro producido de manera informal se exporta por la vía legal.