Las empresas del sector hidrocarburos que trabajan en el país no se oponen a las labores de fiscalización ambiental que ha establecido el Estado peruano y son respetuosas del medio ambiente, afirmó Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Asimismo, indicó que ninguna empresa hidrocarburífera está buscando desconocer las funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), pero está institución, no puede transgredir el fallo de un arbitraje internacional, que en el caso de Pluspetrol Norte S.A., determinó que contractualmente no le corresponde asumir la responsabilidad de pasivos preexistentes cuando tuvo a su cargo la operación del ex Lote 1AB.
De otro lado, dijo que es importante que las exigencias que formule el OEFA en temas de remediación de suelos se realicen de forma técnica y acorde con el ordenamiento legal.
“Estamos frente a una actuación cuestionable de un organismo fiscalizador que, al no acatar un laudo arbitral, afecta la imagen del Perú como un país en el que prevalece el Estado de Derecho y la estabilidad jurídica para las inversiones”, afirmó.
La actitud de OEFA -anotó- genera mucha preocupación en el gremio minero energético, pues ahuyenta a las inversiones en circunstancias que el sector hidrocarburífero peruano afronta una de las crisis más severas de su historia.
De la Flor manifestó que la actual situación de la industria hidrocarburífera nacional es dramática, porque apenas se está produciendo 21,000 barriles por día, cuando hasta diciembre del 2019 se alcanzaban los 62,000 barriles por día.
“De los 26 contratos en producción, 15 de ellos se encuentran con actividades suspendidas debido a las medidas adoptadas por la pandemia del Covid-19 y la conflictividad social”, explicó el representante de la SNMPE, al señalar que similar panorama se observa en las actividades de exploración de hidrocarburos, donde 9 de los 13 contratos firmados están en fuerza mayor.
Este difícil escenario para el sector hidrocarburos -sostuvo- ha traído como consecuencia no sólo la contracción de las inversiones en el upstream, sino también que las empresas evalúen su permanencia en el país.
Finalmente, exhortó a las autoridades a no emprender acciones que perjudican el desarrollo de la industria hidrocarburífera y que más bien dicten medidas que garanticen la sostenibilidad de las operaciones y un buen clima para las inversiones.