Foto: Correo

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La procuraduría del Ministerio del Interior denunció penalmente a 40 dirigentes mineros ilegales por los delitos contra la seguridad pública –por el bloqueo de carreteras– y contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo. También  por la muerte, el último sábado 22, de Magdalena Alarcón Huamaní, quien sufrió un infarto y no fue atendida a tiempo por el bloqueo de la carreteraPanamericana Sur.

La denuncia, elevada a la Fiscalía Provincial Penal de Turno Permanente de Lima, incluye en calidad de autores materiales o instigadores a Luis Otsuka, presidente de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin); Celso Cajachagua, presidente de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe);Efraín Bonifacio, dirigente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Sandia y Carabaya; y a Walter Baca, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Huepetuhe, entre otros.

Daniel Urresti, alto comisionado para la Interdicción y Formalización de la Minería de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), reiteró que el gobierno ha decidido no negociar ni dialogar con los mineros ilegales hasta que cesen las protestas en el país.

“¡Hemos dicho basta! El gobierno no negociará bajo un chantaje. Los ministerios del Interior y Defensa han recibido las disposiciones del presidente [Ollanta Humala] para que en cualquier momento se tomen las acciones necesarias para garantizar el orden”, dijo en diálogo con El Comercio.

Según el funcionario, son 70.000 los mineros ilegales que han firmado la declaración de compromiso para la formalización que culminará sin prórroga el próximo 19 de abril.

El presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, ratificó anoche en TV Perú que el 19 de abril concluirá la primera etapa de la formalización minera. También hizo un llamado a los mineros ilegales de Arequipa y Puno para que depongan el bloqueo de las carreteras.

Inminente intervención
Al menos 800 soldados del Ejército de los cuarteles de Arequipa,Moquegua y Tacna fueron trasladados ayer a la localidad de Ocoña, en el kilómetro 782 de la carretera Panamericana Sur. Además, helicópteros del Ejército trasladaron a Chala y Atico a 40 agentes especializados (sinchis) de Mazamari (Junín), quienes llegaron para reforzar el contingente de 2.000 policías desplegados en este distrito arequipeño.

En Chala se encuentran 10.000 mineros ilegales desde el miércoles de la semana pasada. Ellos vienen bloqueando la vía de manera intermitente desde el jueves por la noche y provocan que cientos de camiones y ómnibus queden varados durante varias horas.

Fuentes de la policía informaron a este Diario que los militares y los agentes tienen orden de trasladarse hoy a Chala para reabrir la carretera. Chala se ubica a solo dos horas de Ocoña (donde están los soldados). Una aeronave, que aterrizó en la playa, llevó ayer decenas de cajas de bombas lacrimógenas a Chala. También se trasladaron medicamentos, comida y agua.

Dirigentes no ceden
Dirigentes de los mineros informales aseguran que la denuncia no los amedrenta y que sus bases están dispuestas a “ir hasta el final” hasta lograr que se modifiquen los decretos relacionados con la formalización.

“Si tengo que ir a la cárcel, iré. Eso no soluciona el problema y el pueblo se va a levantar. Han acordado culminar este proceso el 19 de abril pese a que han pasado dos años y hasta hoy no existe ningún formalizado”, dijo Luis Otsuka.

 

El Comercio