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La fotografía sobre la situación de las 159 cuencas e intercuencas por donde discurren los ríos que abastecen de agua a la población y a la actividad productiva que mueve el país es totalmente difusa. Casi siempre, incluso, engañosa. No se cuenta con información confiable de la cantidad de agua de 119 de estas fuentes importantes de recursos hídricos distribuidas en los Andes y la Amazonía. Esto representa el 75% del número total de cuencas y más del 95% del volumen de agua disponible para los peruanos.
La ausencia de información obliga a los técnicos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a realizar cálculos y proyecciones sobre la disponibilidad de aguas superficiales de las cuencas, con un alto margen de error, 20% en promedio, advierte el ingeniero Humberto Cruz, director de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la ANA.
“Hemos encontrado datos desactualizados, interpolados, con un margen de error muy alto, ya sea para arriba o para abajo, principalmente en la sierra”, apunta Cruz. Y es precisamente en los Andes donde se concentra la actividad minera. Solo si se consideran los once principales proyectos identificados por el Ministerio de Energía y Minas, hay una inversión de unos U$ 35 mil millones asentados sobre las cabeceras de las cuencas.
Apenas existe información detallada de la cantidad de agua de 40 cuencas, ubicadas en la costa, por los registros históricos que realiza el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y los técnicos de las operaciones de infraestructura hidráulica (reservorios, proyectos de riegos, entre otros).
“El Estado ha tenido por mucho tiempo una visión agrarista”, y no ha actualizado la información según las actividades económicas que hoy se desarrollan en las cuencas como la minería y los hidrocarburos, y que pueden generar altos impactos.
Para darnos una idea, se repite como una letanía en foros y en decenas de documentos oficiales que la minería solo usa el 2% del agua a escala nacional, pero resulta que ese cálculo se hizo en 1979 cuando existía la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales y se recomendó “asegurar” dicha estadística para conocer el uso real del agua, revela una investigación de la ingeniera agrícola Ruth Preciado, de la Universidad Agraria La Molina.
En 1989 se volvió a hacer un cálculo con el mismo método. Después, esa oficina que se encargaba de hacer estudios y planificar el uso de los recursos hídricos fue desactivada por el gobierno fujimorista. Desde entonces, durante más de dos décadas, se ha usado la misma información a pesar de que la producción minera pasó a representar del 12% a más del 50% del total de las exportaciones, advierte Preciado.
“Los estudios no son muy confiables porque se han encontrado curvas y picos (de caudales) que no se explican”, señaló Jorge Ganoza, especialista en Recursos Hídricos de la ANA, quien trabaja el tema hace casi 30 años y ahora impulsa la creación de consejos de recursos hídricos para elaborar nuevos estudios hidrológicos y mejorar la gestión de las cuencas en coordinación con autoridades regionales y locales, pobladores y empresas.
La ANA es la entidad estatal, adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego, que otorga las autorizaciones de uso de agua a compañías y otros usuarios. Se presenta como un órgano técnico de los recursos hídricos, pero en sus instalaciones se decide la aprobación de varios proyectos de inversión de gran interés económico y político.
Sin información confiable, las decisiones son débiles y existe un manejo limitado de los conflictos desatados alrededor del agua, que son los que más abundan en el país, reconocen sus funcionarios.
PLAN ESPERADO
Con la poca información disponible, la ANA ha realizado un diagnóstico de la situación del agua hasta 2012 para elaborar el plan nacional de recursos hídricos que regirá en las próximas dos décadas en un contexto de cambio climático y de disputa de este recurso.
En esta institución hay expectativa de que el plan sea presentado en marzo por el presidente Ollanta Humala. Mientras tanto, la dirección de Humberto Cruz ha conseguido que el Ministerio de Economía y Finanzas transfiera a la ANA S/. 11 millones de los 35 millones solicitados para hacer balances hídricos de doce cuencas con alta conflictividad.
Pero los encargados de hacer estos balances no cuentan con todos los registros del caudal de los ríos en los últimos diez años que se necesitan para elaborar un estudio sólido. Hay un déficit de estaciones para el monitoreo.
En el Perú, existen 1.832 estaciones meteorológicas e hidrológicas, de las cuales solo 864 están operativas (47%), según el Senamhi. De ese universo de equipos, apenas 142 miden el caudal de los ríos. Para un adecuado registro se necesitan varias estaciones en una cuenca. Por ejemplo, en la cuenca del río Rímac que abastece de agua a Lima, hay 15 estaciones: 4 hidrológicas y 11 meteorológicas.
Hay cuencas que no tienen ni una sola estación. Esto genera que se realicen cálculos estadísticos tomando como referencia otras cuencas. Y en aquellas donde hay solo estaciones meteorológicas, se usa la información de las lluvias para estimar la cantidad de agua. “En zonas sin estaciones, se han visto casos de registros sin regla, al ojo”, advierte Ganoza. Son millones de litros de agua por segundo que discurren con un débil control.
AGUA BARATA
Este difícil escenario tiene un impacto en lo que cobra el Estado por el uso del agua. A menos agua registrada en las cuencas, el cobro que realiza la ANA debe ser más elevado, según las normas. Pero ante la falta de una adecuada medición, los montos son risibles. Para una actividad tan rentable como la minería, el pago oscila entre 0,0900 y 0,2700 céntimos por metro cúbico de aguas superficiales y subterráneas, según el decreto supremo 017-2013-Minagri.
Tampoco existe un control permanente en el campo de los volúmenes de agua que se usan. Las empresas reportan mediante declaración jurada estas cantidades y a partir de ello se establece lo que deben pagar. En respuesta, el gerente legal y de recursos naturales de Southern Perú, Guido Bocchio, asegura que su compañía “informa escrupulosamente” el volumen de agua que usa.
Southern opera en Arequipa, Moquegua y Tacna. La ANA informa que hay un déficit hídrico promedio de 57,55 hectómetros cúbicos al año del agua de los acuíferos en el conglomerado de las 18 cuencas Caplina-Ocoña, donde tiene influencia Southern. Si la información de cada cuenca fuera pública, la dimensión del problema se vería con mayor nitidez.
Pero “no hay transparencia” y las autoridades tampoco cuentan con “estudios independientes” debido a que suelen recurrir a balances hídricos hechos por las empresas, señala Ruth Preciado. “Se compra ciencia”, agrega.
Mientras Bocchio enfatiza que el gremio minero tiene una preocupación real sobre el agua y aporta con “conocimiento y tecnología” en el tema, Preciado considera que la industria prefiere llevar la discusión a un plano técnico cuando sobre todo es político. “Todo esto que pasa con el agua te revela cómo se ejerce el poder en el Perú”, apunta.
La República