Esta comisión estaría conformada por delegados de la cuenca del Morona que representan a un total de siete comunidades. Se trataría de los señores Rafael Mashingashi, apu de la comunidad Caballito; Abel Rengifo, comunero de Fernando Rosas y presidente de la federación de dicha comunidad; Isaías Espinar, vicepresidente de la Organización Shuar del Morona, que congrega a cinco comunidades; Adolfo Torres, comunero de Caballito; y José Alarcón, comunero de Puerto Alegría.
Según consta en la nota de prensa publicada en la página de Facebook Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera, estas personas habrían llegado a Lima el 30 de julio, acompañados por el asesor indígena quechua José Fachín, a entregar una agenda a la Presidencia del Consejo de Ministros con el objetivo de “exigir un diálogo y debate político con el Estado respecto de sus derechos frente a la actividad petrolera en el lote 64”; así como a exigir que se garantice la “participación directa de los pueblos indígenas en los beneficios de la extracción petrolera… y la creación de un canon especial para la provincia del Datem del Marañón.”
Sin embargo, el GTA de la Nación Wampís y la FENAP son enfáticos en señalar que exigen la “anulación del Lote 64 toda vez que el proyecto para su explotación proviene de un proceso inconsulto, premunido de prácticas de mala fe.”