Tessy Torres, presidenta del OEFA
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El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), es la primera institución pública a nivel mundial en ser evaluada por la OCDE. Es así que la vigorosa entidad se encuentra ante los ojos del mundo y asume el gran desafío de desempeñarse en los términos de la actuación del fiscalizador de un país desarrollado. Dentro de sus funciones, el OEFA, además de los sectores de minería, energía, hidrocarburos y pesca, también alcanza al diverso sector de industria, en donde la asociación de microempresas fue clave para el cumplimiento de las normas ambientales, tal como ocurrió para el rubro de curtiembres, para que cuenten con proyectos de certificación grupales. En cuanto a las Áreas Naturales Protegidas, pone especial atención a las actividades extractivas cerca de las mismas. Aquí la reveladora entrevista con la presidenta del OEFA, Tessy Torres Sánchez, quien durante su dinámica gestión ha suscrito un Acuerdo de Cooperación con Corea que, además de fortalecer la remediación de pasivos mineros, favorecerá el uso de las TI en favor de la fiscalización ambiental.
En qué consiste la función del OEFA y cuál es la importancia del reciente Convenio con Corea.
Nuestra función es estrictamente de fiscalización ambiental. Cuando las actividades de la empresa están en marcha, tiene que cumplir determinado estándar normativo ambiental y nosotros tenemos que verificar su cumplimiento. Una de las maneras de poder hacerlo es precisamente estando al pendiente de esas actividades que confluyen en los escenarios ambientales, como por ejemplo los ríos.
Contamos con redes de monitoreo para conocer en tiempo real la calidad ambiental –y si hay alguna desviación, generar una alerta para la fiscalización de aquellos agentes que podrían contribuir con esa contaminación. Desde el 2017 tenemos cuatro estaciones para tal fin y desde la página Web del OEFA se puede acceder a las mismas.
Además, estamos adquiriendo otras 14 (estaciones), con el programa del Banco Mundial y adicionalmente con recursos propios, 3 o 4 más, con el propósito de armar una red básica.
Con Corea, además del trabajo de cooperación en la remediación de pasivos mineros esperamos contar con las herramientas tecnológicas para incorporarlas a nuestros procesos.
¿Cuáles son los desafíos que tiene el OEFA respecto a la OCDE?
El OEFA tiene que demostrar ante la OCDE que sus profesionales asumen su rol, de supervisores con las características y competencias requeridas, incluyendo la ética en sus conductas.
Hemos incorporado en nuestras tareas los principios asociados al cumplimiento normativo, efectivo, eficiente, proporcional y razonable; y de lo que se trata es que la OCDE vea que nuestras tareas de fiscalización ambiental se desarrollan teniendo en cuenta los criterios que son la característica de los países del primer mundo en materia de fiscalización ambiental.
El OEFA realiza sus tareas bajo dos grandes ejes: Responsabilidad de la fiscalización ambiental de manera directa a la mediana y gran minería, pesquería, electricidad e industria; y su rol rector del sistema de fiscalización ambiental, integrado por otras entidades de fiscalización ambiental, gobiernos regionales, locales y autoridades de otros entes como el OSINFOR y ANA.
Somos responsables de que este sistema y cada uno de sus integrantes hagan bien su tarea de fiscalización ambiental. En esa orientación ya implementamos acciones acordes a los principios que la OCDE recomienda y referidos a incorporar criterios de racionabilidad, evidencias, usos de tecnologías de información y análisis de riesgo.
OEFA es la primera entidad pública a la que la OCDE evalúa en el mundo.
Sí. En realidad, estamos involucrados en la tarea de fiscalización desde otros escenarios en los que siempre vimos a la OCDE como un referente. En el 2014 ellos aprobaron unos principios que han sido fortalecidos por un “toolkit”, aprobado en México, en mayo de 2018 (“Kit de Herramientas de Fiscalizaciones y Cumplimiento Regulatorio”).
Como lo dice la propia OCDE somos la primera entidad pública del mundo evaluada en términos de lo que ellos recomiendan y las características que debe tener un fiscalizador de un país desarrollado.
¿Cuánto tiempo durará la evaluación?
Son 15 meses y se cumple en enero del 2020. Ya tuvimos la primera reunión y se tiene visitas previstas para el 2019.
Además de la importancia del Comité de las Políticas Regulatorias, somos evaluados por representantes del Reino Unido, Australia, Lituania y Holanda. Es un reto muy interesante y estoy segura que habrá cosas que van a validar y asimismo contaremos con una agenda de los temas por fortalecer.
¿Cuáles son los criterios que aplican?
Primero, la autoridad fiscalizadora trabaja en función a la evidencia y al análisis de riesgo. Esto quiere decir que cualquier fiscalizador del mundo tiene recursos limitados; por ello debe tener los criterios para orientarse respecto de aquello que resulta más crítico.
En OEFA definimos a quién fiscalizar en función a un análisis de riesgo. Por ejemplo, si hay una actividad extractiva cerca de un Área Natural Protegida, eso nos merece especial atención. La OCDE tiene estos criterios establecidos, que son 12, y respecto de ellos es que vamos a ser objeto de evaluación.
¿Qué actuación pueden cumplir en la región amazónica de Madre de Dios?
Somos responsables de la fiscalización directa de la grande y mediana minería; haciendo hincapié que la minería de menor escala, corresponde a los gobiernos regionales.
En Madre de Dios –nosotros como ente rector del sistema- tenemos que impulsar que el gobierno regional cumpla sus acciones de fiscalización ambiental en el marco de las nuevas normas sobre la formalización minera que están en proceso y a cargo del Ministerio de Energía y Minas. Recién el formalizado es objeto de la supervisión. Allí nuestra tarea está orientada a la capacitación y dentro de los decretos legislativos en materia de fiscalización.
Como sabemos, allí la situación es compleja y confluyen diferentes factores. Es un problema estructural que toma tiempo solucionar y requiere que una articulación conjunta.
¿Cómo han actuado ante el peligro de contaminación por los relaves de Quiruvilca que afectan al río Moche?
Son 11 medidas inmediatas que tiene que implementar la Dirección General de Minería y se cuenta con 10 millones de soles (por la carta fianza de ejecución). Definitivamente para nosotros es prioritaria esta situación.
Esperamos que todo quede bajo control al momento que se generen las lluvias con mayor densidad.
Esta es una experiencia para nosotros mismos. Antes, dentro del área de supervisión de minería no existía un equipo que se dedicara al monitoreo de las actividades de cierre, que se dividen en el cierre progresivo -que inicia mientras hay una labor de explotación- el cierre final y el pos cierre (que se puede realizar según el instrumento aprobado, en varios años). Ahora, tras la coordinación con Energía y Minas, tendremos un equipo a cargo (desde el año 2019), de supervisar específicamente a las empresas en etapa de cierre y si es necesario pedir que se amplíe la carta fianza.
Quiruvilca se declaró en emergencia porque la planta de tratamiento dejó funcionar, por una deuda al servicio de electricidad, que al no ser asumida ocasionaba que la planta no funcione y los efluentes sean descargados sin tratamiento al rio Shorey (Moche), lo que generó un impacto negativo.
Respecto a la relavera, se deterioró el material de cobertura y además, también ha sido vandalizado, lo que ocasionó una ligera erosión en el talud.
El plan de cierre tiene varias acciones y hemos priorizado aquellas medidas que son de urgente necesidad para minimizar el riesgo.
¿En qué consiste el reto asumido en el sector industrias?
Asumimos este año la función que tenía el Ministerio de la Producción (Produce) en sus diferentes divisiones y establecimos estrategias según la actividad. En algunas se requiere más la orientación de cómo mejorar sus actividades productivas, en lugar de la sanción.
Empezamos acercándonos con mucha comunicación a través de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), y el siguiente paso es desplazarnos al interior del país para ejecutar unos pilotos con relación a ciertas actividades.
Es el caso de las ladrilleras, donde no tienen como característica las buenas prácticas ambientales y donde el cierre no es la solución dada la microeconomía alrededor de la actividad. Allí, tras conocerlos, identificamos las oportunidades de mejora para capacitarlos y que tomen conocimiento que las buenas prácticas ambientales podría incluso darles un beneficio económico, mayor al que reciben.
Otro tema crítico es el de las azucareras. También asumimos los temas de residuos sólidos -en lo referente a infraestructura- y rellenos sanitarios.
Sí es importante que quienes realizan estas actividades conozcan que el fiscalizador está actuando, para que se replanteen la forma de hacer las cosas y así evitar sanciones que nadie quiere.
¿Qué aspectos deben atender en Industrias?
Es muy amplio, no por la envergadura sino por el número de actividades y sus particularidades. Sin embargo, avanzamos.
Por ejemplo, están los parques industriales en zonas donde de repente vierten efluentes a los desagües y también tenemos la enorme informalidad por lo que trabajamos con Produce para que los procesos sean rápidos y expeditivos. Recordemos que fiscalizamos en función al instrumento y normativa.
Es el caso de las curtiembres, que era un grupo de microempresarios ubicados en tres zonas geográficas, pero sin certificación (Trujillo, Lima-San Juan de Lurigancho- y Arequipa).
Desarrollamos la cultura de cumplimiento en concordancia con la calidad ambiental. Y esa tarea tiene un objetivo respecto de quién tenemos al frente. Claro está que hay actividades que no necesitan ese estímulo por su envergadura y porque saben muy bien sus obligaciones.
Justamente el éxito del fiscalizador es que conozca al administrado, cuál es su idiosincrasia e incluso su nivel de compromiso.
En específico ¿Sobre las curtiembres y las ladrilleras?
Al hacer seguimiento a las obligaciones de las curtiembres, el principal incumplimiento era la falta de certificación y medidas de mitigación respecto a los efluentes. Esta condición hizo que se asocien en microempresas para plantear proyectos de certificación grupales. En el 2015, el nuevo reglamento acogió esta nueva figura justo a partir de esas acciones. Finalmente lo asumieron, se formalizaron, y ya cuentan con un instrumento grupal. Según sus líderes, informar: “el OEFA ha venido y tenemos que agremiarnos para solucionar el problema (ambiental)”, fue una herramienta de presión para los reacios.
En el caso de las ladrilleras, vimos por conveniente coordinar con las oficinas desconcentradas, plantear una suerte de verificación de actividades en sus zonas y recoger información.
Ya identificamos la situación y aplicaremos el ejemplo de las curtiembres, sin buscar que la actividad desaparezca sino proponer medidas para mitigar condiciones, tal como el indebido uso de llantas como combustible, una práctica que ya no emplean.
A modo de conclusión ¿Puede resumir las metas para su gestión?
Más allá de verificar y sancionar algún incumplimiento, nos concentramos en que se cumpla a cabalidad la normativa que nos lleve a tener un país de mejor calidad en términos ambientales.
Queremos el reconocimiento del ciudadano y que sienta que hacemos bien nuestra tarea, eso crea un clima y un entorno que propicia inversiones e impulsa el crecimiento económico del país. Tenemos mucho camino que recorrer.
