El bloqueo de la carretera pública hacia Las Bambas inició el 4 de febrero pasado.

El bloqueo Cusco-Apurímac por parte de un grupo de pobladores de la comunidad de Fuerabamba ha ocasionado que la minera MMG se vea obligada “a demorar algunos envíos” provenientes de Las Bambas; sin embargo, descartó que haya “habido impacto alguno en la producción”.

Como se conoce, el bloqueo tiene lugar a 136 kilómetros de Las Bambas desde el 4 de febrero pasado, con lo que el libre tránsito de las unidades de transporte relacionadas con Las Bambas se suspendió. Según detalla la minera en una ayuda memoria, los comuneros “exigen una supuesta compensación por derecho de paso por el uso de la vía pública”.

Ver también:  Doble aniversario de Minera Las Bambas

“La Comunidad de Fuerabamba ha bloqueado el libre tránsito en la zona de Yavi Yavi, pretendiendo un cobro indebido a la empresa exponiendo para ello a niños y personas mayores (como “escudos humanos”)”, denunció la empresa.

En esa línea, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) denunció también MMG viene siendo objeto de “una serie de medidas de hostigamiento y chantaje por parte de grupos violentistas que de manera sistemática vienen bloqueando las vías de comunicación hacia la mina [Las Bambas] desde hace varias semanas”.

Según representantes de la comunidad de Nueva Fuerabamba,  el gobierno convirtió ilegalmente la vía que atraviesa sus tierras de cultivo en una carretera. No obstante, esta carretera fue reconocida como vía pública regional en marzo del 2014 y reclasificada, de manera definitiva, como ruta nacional por el MTC, mediante Resolución Ministerial 372-2018.

Ver también:  Minera Apumayo espera iniciar operación del proyecto Crespo el próximo año

A este bloqueo se le suma la paralización de 90 días en el Oleoducto Norperuano por acciones de sabotaje, cuyos daños superan los US$40 millones, recordó la SNMPE. En ese sentido, Pablo De La Flor, director ejecutivo del gremio, dijo que para hacer realidad la cartera de inversión minera por casi US$60.000 mlls., se debe contar con un “entorno facilitador que garantice el Estado de Derecho”.

Fuente: El Comercio