Recomendamos acciones efectivas para afianzar el diálogo con las comunidades del corredor minero
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La Defensoría del Pueblo se pronunció en un comunicado respecto al conflicto Las Bambas y la reunión que se llevará a cabo mañana 6 de abril en la Conferencia Episcopal donde participará el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar y el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas.
“El próximo sábado 6 de abril la comunidad campesina de Fuerabamba, el Gobierno Nacional y la empresa MMG Las Bambas, volverán a reunirse bajo la facilitación de la Conferencia Episcopal Peruana y el apoyo de la Defensoría del Pueblo, en su rol de supervisión y como garante de los derechos fundamentales”, se lee en el comunicado.
La Defensoría ratificó su convicción permanente en la eficacia del diálogo para resolver conflictos, “la instalación de un espacio de diálogo es la única vía posible para resolver el conflicto en el sector de Yavi Yavi. Siendo de una necesidad impostergable, invocamos a las organizaciones sociales, entidades del Estado y empresa, a concentrar sus esfuerzos en contribuir a la creación y legitimación de este espacio”.
Además precisó que es indispensable dejar de lado acciones reñidas con la ley, actitudes inflexibles que paralicen las negociaciones y limitaciones en la comprensión integral de este problema.
“Las comunidades no pueden carecer del derecho a la asesoría y defensa legales de sus intereses y derechos. Deberán hacerse gestiones para que los colegios de abogados de Lima, Cusco o Apurímac, o las facultades de Derecho de las universidades de estas ciudades, pongan a su disposición profesionales solventes que contribuyan a garantizar su defensa. Las detenciones preventivas de los abogados de la comunidad de Fuerabamba, ordenadas por un juez, son de cumplimiento obligatorio. Todos los peruanos y peruanas debemos respetar las resoluciones judiciales”.
Señaló también que el Gobierno Nacional debe tener en cuenta que es necesario imprimirle una mayor celeridad a los procedimientos administrativos de pago por afectación predial en el corredor minero, tarea en manos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Al tratarse del derecho de propiedad, se requiere que el pago sea oportuno, estableciéndose un cronograma que deberá ser puesto en conocimiento de los interesados.
Además de disponer la creación de un mecanismo efectivo de gestión del cumplimiento de los compromisos asumidos en el Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso, con participación de la sociedad. En este esfuerzo deben colaborar la autoridad regional, el alcalde provincial y los alcaldes distritales comprometiéndose a asumir responsabilidades específicas.
También se debe conformar un equipo de apoyo técnico que opere de forma permanente en los espacios territoriales donde se ejecutarán los compromisos asumidos por el Estado y la empresa, de modo que se garantice su realización en los plazos acordados.
Agregó que el Ministerio de Energía y Minas deberá informar de manera transparente el estado actual del cumplimiento de los compromisos consignados en el denominado “Compendio de Acuerdos” suscrito entre la empresa Xstrata Las Bambas (actualmente MMG Las Bambas) y la comunidad campesina de Fuerabamba en el 2011. La empresa debe colaborar en este proceso, proporcionando la mayor información posible. Los reportes con los avances en el cumplimiento deben ser publicados en el portal institucional del Minem.
En relación a la empresa MMG Las Bambas, la Defensoría considera que la complejidad del problema demanda un cambio de actitud respecto al desarrollo de la zona y al relacionamiento comunitario. Deberá tomarse en consideración que la alta intensidad del paso de vehículos de transporte de mineral por el corredor minero, es un nuevo elemento a tener en cuenta en la negociación. Dicha situación no estaba prevista en la suscripción del contrato de permuta del 2011 entre Xstrata Las Bambas (actualmente MMG Las Bambas) y la comunidad campesina de Fuerabamba.
Tratándose de comunidades de lengua quechua, la Defensoría considera necesario que el enfoque de este proceso sea el de un diálogo intercultural, para lo cual la facilitación de dicho espacio deberá tomar varias previsiones, entre ellas la de contar con intérpretes de esta lengua. Asimismo, las conclusiones de cada reunión deberán ser fidedignamente traducidas y comunicadas directamente a la comunidad.
La Defensoría del Pueblo ratifica su apoyo al proceso de diálogo, supervisando las acciones del Estado, aportando a la defensa de los derechos de las comunidades y colaborando con el desarrollo técnico del espacio de diálogo.