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Ninguna persona o institución debe ejercer presión contra los magistrados que administran justicia en el país con el fin de conseguir fallos a favor de sus intereses en desmedro del orden jurídico nacional, afirmó Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
En ese contexto, mostró su extrañeza y preocupación ante la actitud del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de buscar influenciar a través de sus declaraciones públicas a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que analizan una demanda interpuesta por empresas mineras en contra del denominado “Aporte por Regulación”.
“Las empresas mineras formales no se oponen a las funciones de supervisión y fiscalización en materia ambiental por parte de OEFA, pero ellas sostienen que los cobros de estas tareas deben estar en función al costo real de las labores desempeñadas”, señaló tras precisar que esto no ocurre hoy, ya que el Aporte por Regulación se calcula en base a las ventas de las empresas.
En esa línea, recordó que en el año 2013 se crea el Aporte por Regulación, el cual tiene el carácter de un impuesto confiscatorio e inconstitucional a favor del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Las empresas mineras formales que trabajan en el país –subrayó- apoyan las labores de fiscalización ambiental que ha establecido el Estado peruano y son respetuosas del medio ambiente.
De la Flor descartó que el sector minero peruano busque la desaparición del OEFA o de las acciones de fiscalización ambiental sobre sus actividades productivas. “Más bien consideramos que debe ser fortalecida para que afiance su trabajo técnico y profesional que permita un mejoramiento continuo de las prácticas de gestión ambiental en el país en beneficio de todos los peruanos”, comentó.
“La Constitución Política y las leyes peruanas reconocen que los ciudadanos y empresas que se sientan afectados en sus derechos puedan acudir al Poder Judicial o al Tribunal Constitucional en búsqueda de justicia y garantías amparadas en el Estado de Derecho y eso es precisamente lo que han hecho las empresas mineras”, expresó.