“Es importante que la empresa, sociedad, Estado e instituciones, como la Defensoria, comprendan la tarea de atender los conflictos sociales”.

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El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, planteó hoy la necesidad de contar con una autoridad articuladora y rectora de la intervención estatal en conflictos sociales. “La conflictividad social sigue siendo un tema prioritario en el que se expresan las brechas sociales y se desnudan las limitaciones del Estado para armonizar los intereses, recalcó.

En el marco de su intervención en el foro Perú en Diálogo, resaltó la necesidad de medir los costos de los conflictos para saber lo que está en riesgo y orientar la gestión pública, anotó que se requiere darle una perspectiva territorial en el enfoque y transformación de conflictos para garantizar soluciones integrales con proyección al mediano y largo plazo.

Gutiérrez señaló que la minería es clave para el crecimiento pero que se necesita un nuevo pacto por el desarrollo con reglas muy claras para las industrias extractivas. Actualmente, más del 50% de conflictos sociales existentes en el Perú están vinculados a actividades extractivas en diversos puntos del país.

En el marco del evento, también se abordó la participación de las mujeres en espacios de diálogo para resolver conflictos sociales. “Su presencia en dicho ámbito es minoritaria e injustificada (17%) aun cuando los conflictos sociales afectan tanto a hombres como a mujeres”, dijo el Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque.

En los procesos de diálogo –dijo- la participación de mujeres es mínima, los temas priorizados por este sector de la población pocas veces llegan a discutirse e incluirse en los acuerdos. Lamentablemente, el Estado no ha considerado su participación en mesas de diálogo, no obstante que resulta un espacio para promover la igualdad de oportunidades entre hombres mujeres.

La Defensoría del Pueblo, también consideró necesario abordar ésta problemática desde una perspectiva de las inversiones públicas y privadas, el manejo de los recursos naturales, el ordenamiento de los territorios, etc. Se requiere medir los costos de los conflictos y contar con indicadores que evidencien las realidades sobre las que se interviene.

Es necesario contar con indicadores presupuestales que recojan lo que representa los conflictos sociales en relación al gasto público (gobierno central, regional, local y otros organismos del Estado) en los sectores de orden público, salud y educación. También, la pérdida en la recaudación tributaria, lo que representa dejar de percibir por concepto de impuesto a la renta de los proyectos paralizados o cerrados por motivo del conflicto.

La Defensoría del Pueblo, institución que desde el año 2004 viene analizando la conflictividad existente en todo el territorio nacional, ha recomendado evaluar lo que representa la destrucción de la infraestructura y reparación de daños que se ocasionan así como la inestabilidad política que se genera a nivel local, regional y nacional.