Los millones de soles que desembolsó el Estado para mantener a los cientos de efectivos policiales en la provincia de Islay durante el paro contra el proyecto Tía María de 2015 podrían ser pagados por el dirigente Pepe Julio Gutiérrez y los otros 14 imputados por la Fiscalía, que los investiga por los disturbios en el valle del Tambo.
Y es que ayer, en el inicio del juicio por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios en agravio del Estado, la Procuraduría del Ministerio del Interior requirió que los procesados paguen 10.2 millones de soles de reparación civil.
De ese monto, 6 millones de soles son por viáticos, transporte y adquisición de implementos para los policías. A ello se suman los gastos que generó la reparación de las vías dañadas por los disturbios y el perjuicio económico causado por el cierre de vías y la consecuente paralización del movimiento económico en la región.
La fiscal María Cabana sustentó ayer su acusación contra Pepe Julio Gutiérrez; Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo; los alcaldes distritales Richard Ale Cruz (Deán Valdivia) y Julio Cornejo Reynoso (Cocachacra); los exburgomaestres José Ramos Carrera y Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, así como Justo Paredes Torres, Miguel Meza Igme, Luis Justo Laredo, Esteban Pareja Prado, Martín Augusto Juárez Bernedo, Victor Zeballos Ortiz y Juan Colquehuanca Chaiña.
AGRUPACIÓN ILÍCITA
Cabana sostuvo que los imputados se coludieron para organizar la protesta, recabar fondos para comprar alimentos que entregaban a los manifestantes y dirigir los violentos disturbios.
La Fiscalía atribuye a Gutiérrez encabezar la agrupación ilícita. Las pesquisas también lo sindican de intentar extorsionar a la compañía minera Southern Perú. Para ello utilizó, como principal medio probatorio, unos audios que fueron difundidos en los medios de comunicación.
DATOS:
-La Fiscalía ha solicitado 30 años de prisión para el dirigente Pepe Julio Gutiérrez por este caso. El requerimiento para los otros 14 involucrados es de entre 10 y 20 años de cárcel.
-Los investigados en este caso eran 16, pero la noche del último lunes se informó del fallecimiento del obrero Roger Ramos.
Fuente: Perú 21
Email: [email protected]
Deja una respuesta