ProActivo | La escalada del precio del oro, que ya bordea los US$ 2,000 la onza, pone en alerta a las actividades en las zonas mineras de Perú -es decir, casi todas las regiones del país- y específicamente en donde ya se desarrolla minería en pequeña escala entre formal, informal e ilegal.
Por Mónica Belling
A la fecha, y en condiciones más estables, las medidas de destrucción de dragas y otras fueron fallidas, no cabe duda que alza del precio del oro demanda una nueva estrategia del gobierno a nivel nacional.
Hoy, 30 de julio, el World Gold Council reportó que el oro alcanzó un nuevo máximo el 28 de julio, llegando a los US $ 1,940 la onza, lo que superó el récord anterior de US $ 1,895la onza del 5 de septiembre del 2011.
Por su parte el analista Rubén Arratia, director de investigaciones de Wood Mackenzie, dijo a ProActivo que no extrañaría que el precio del oro pase los 2,000 dólares fácilmente porque “en economías que entran en crisis, el oro se convierte en un activo refugio”, y más aún si ya se pronostica que la pandemia seguirá hasta el 2021.
Un peligro de desborde se avecina
La minería artesanal y pequeña minería (MAPE), si bien ya arrastraba una problemática de varios años con la pandemia la situación se complica. Al ser consultado por ProActivo sobre esta problemática, José Farfán, ex director de la Dirección de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, precisa que si bien es difícil formalizar y dar canales claros a esta situación, urge atenderlo.
Farfán destaca que es importante poner en la agenda del gobierno este problema, porque de lo contrario el tema se desbordará contribuyendo al delito y a la ilegalidad; en detrimento de la salud de los propios trabajadores mineros, expuestos además a la pandemia.
Cabe señalar que también que está latente la preocupación ambiental por ese desborde, que es la exposición de la Amazonía del país, ante una migración de pobladores hacia esas zonas, con el objetivo de sacar mineral y cuyo intento de control, desde el gobierno puede ser reactivo, violento y fallido.
Ojo en el REINFO y la comercialización
A criterio de Farfán, en el Registro Integral de Formalización Minera – REINFO y en el control de la comercialización están dos pasos determinantes hacia el manejo del problema.
“Necesitamos un mínimo de legalidad en las operaciones y que esto no se convierta en un tema ilegal y eso pasa por clarificar, clasificar y establecer rangos dentro de lo que es el registro de la formalización. En el año 2012 se estableció este registro hoy denominado REINFO de manera muy ligera, en la que solo se requería una firma y una huella digital para ingresar a este registro, lo que ha causado una serie de problemas”, señala al anotar que se mantiene este formato.
Aclara que eso nunca debió darse porque una planta de beneficio de 360 toneladas versus otra de 5 toneladas, no pueden ser nunca igual. “Y no pueden estar en el mismo registro que una persona natural, que se ha registrado en una pequeña área de una concesión”.
Al referirse a la comercialización, señaló que existe una cadena de procesos hasta llegar a esa etapa, la cual no es visibilizada por quienes trabajan en estos temas.
Inacción de SUNAT permite el lavado de activos
La situación se percibe crónica y Farfán cuestiona la labor de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), por limitarse a cobrar los impuestos provenientes de la exportación de oro de la MAPE, sin importarle la cadena de pagos, ni la falta bancarización en los procesos previos de compra-venta.
Al ser consultado si el oro de producción ilegal paga impuestos, reiteró categóricamente: “Totalmente. Y hay que hacer una diferenciación de lo que es minería ilegal, porque podría ser que este oro esté siendo producido por sectores prohibidos de acuerdo al código penal, pero también puede que se ha producido por sectores que están en proceso de formalización, pero no quieren hacerse visibles, porque al momento, la SUNAT de inmediato comienza con una serie de acciones de fiscalización. Lo que hace que buena parte de los mineros, que realmente realizan producción, la vendan a través de otras personas”, detalló.
En ese sentido, consideró que la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, tiene una gran tarea en desentrañar quiénes exportan, porque se trata de más de US$ 2,000 millones y que se verán incrementados como consecuencia de la pérdida de puestos de trabajo.
“Desde mi punto de vista, no le interesa (a la SUNAT) de donde venga (el mineral) con tal de cobrar el impuesto y eso realmente le hace daño al país. La UIF tiene una gran tarea en desentrañar quiénes son los que exportan, porque aparentemente al órgano recaudador no le importa de dónde viene ni a donde va (el oro) porque las 60 toneladas de la que hago referencia, sí pagan impuestos”, alerta Farfán.
Señala además que ante ese crecimiento de la producción de oro desde la MAPE, es urgente revisar el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro -RECPO, que también está administrado por el MINEM, al igual que el REINFO.
“Va a haber mucho oro y quién lo comprará. Eso requiere de una revisión urgentísima del RECPO, que necesita un reglamento y un protocolo de comercialización”, indica, tras precisar que cuanto más legal se realice la compra venta, cada operador también exigirá diferentes requisitos, lo cual demanda tener un protocolo para facilitar esa labor.
Finalmente, precisó que la producción de oro bordea las 160 toneladas (según el Consejo Internacional del Oro) y que los cálculos de analistas, entre ellos, Elmer Cuba refiere que un tercio de esa producción proviene de la MAPE. “Son alrededor de 60 toneladas; a los precios actuales, es mucho más de US$ 2,000 millones de exportación. Lo contradictorio es que todo paga impuestos. Y eso hace precisamente que a lo mejor por eso la SUNAT no tiene problemas. Adicionalmente, hay unas 15 toneladas anuales de oro, que salen sin registro alguno, vía contrabando y que efectivamente no pagan impuesto alguno”, precisó.
Desde Cerro de Pasco. Fundo Visca o Huishca Naco Cocha y en Junín el fundo Ragramarca Chica. En esta epoca de la pandemia, durante la cuarentena estas dos zonas an sido envadidos por personas extrañas sin que ninguna autoridad dice nada extraen el material aurifero inrequsiendose elicitamente violando la cuarentena que el gobierno central decreto, frente a esto nosotros propietarios del terreno superficial nos encontramos muy preocupados y ninguna autoridad en nuestro medio toma cartas en el asunto repondiendo nuestra queja aduciendo que nadie trabaja por la pandemia, estrategia para recibir cuima de parte de los mineros bajo el asesoramiento de minera Laytaruma quien a traves de su oficina de acopio ubicado en el distrito de Carhuamayo otorga asesoramiento tecnico, movelidad y apoyo economico a los mineros ilegales. Por favor pedo a que el gobierno central tome medidas correctivasc al caso y sancion ejemplar al que se merece en la brevedad posible.
La minería informal, no se detendrá, habría q afinar mucho más el REINFO, Para concluir con esta etapa, y sobre todo dar facilidades, dotar de un buen presupuesto a las DREM, Regionales para q realicen su trabajo.
Muy claro, verídico pero lamento no se define lo más importante y lo resumo en tres palabras:
SOPORTE
SEGUIMIENTO
SEGURIDAD
Es necesario revisar los REINFO especialmente los titulares de los denuncios ellos lucran por el uso del terreno ademas se debe formalizar con criterio técnico y no politico o gremial. Una formalizacion asistida donde cada caso se analice desde su capacidad de produccion y sus limitaciones.