Las constantes incursiones violentas en diferentes instalaciones estratégicas de la industria hidrocarburífera no cesan, pues unidades operativas de la empresa Petroperú son objeto de ataques y acciones de hostigamiento en la región Loreto.
Así lo denunció la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) tras señalar que desde miércoles 15 de setiembre, la Estación 1 de Petroperú, ubicada en la región Loreto, ha suspendido sus operaciones porque pobladores de la comunidad de Saramurillo impiden las labores de carga y descarga de combustible.
“Desde la primera semana de setiembre, la Estación 1 de Petroperú venía siendo objeto de hostigamiento por parte de integrantes de la comunidad de Saramurillo quienes exigen la atención de una serie de demandas por parte del Estado, tema que no tiene vinculación alguna con la empresa petrolera, la cual está cumpliendo con los compromisos sociales asumidos con las comunidades de la zona”, explicó Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE.
El representante del gremio minero energético advirtió que no estamos frente a un hecho aislado, ya que grupos organizados de la provincia del Datem del Marañón, vienen amenazando con tomar, en las próximas horas, otras instalaciones de la petrolera estatal, como la Estación 5, Estación Andoas y Morona.
Como se recuerda, semanas atrás la empresa Petrotal que opera el Lote 95, también tuvo que detener sus operaciones ante las amenazas y actos de violencia registrados en Bretaña, por demandas no relacionadas a sus actividades. Tras estos violentos y lamentables sucesos, la empresa aún no puede retomar sus operaciones.
“Estas amenazas son inaceptables y merecen nuestro rechazo, más aún cuando la denominada plataforma de lucha de estos grupos, va en contra del plan de cierre de brechas que ha diseñado el gobierno con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población de la región”, comentó.
Ante esta grave situación y por la falta de garantías, citó que Petroperú se vio obligada a evacuar a todos los trabajadores de las Estaciones del Ramal Norte (Andoas y Morona), así como de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano.
“Estas medidas de fuerza han provocado la paralización de las operaciones del Oleoducto Norperuano, lo que generará grandes pérdidas para la empresa estatal, la industria hidrocarburífera peruana, así como para el Estado”, expresó De la Flor.
Lamentablemente los ataques a diferentes unidades productivas del sector hidrocarburos -subrayó- se han convertido en un mecanismo para presionar y chantajear al Estado peruano, sin que hasta la fecha se haga prevalecer el Estado de Derecho y las leyes.
“Estas acciones delictivas persisten porque se les permite a sus autores actuar con impunidad. Así, el año pasado se registraron más de tres ocupaciones ilegales de la Estación 1, sin que hasta la fecha se haya identificado y sancionado a los responsables”, remarcó.
Asimismo, exhortó al Gobierno para que intervenga a la brevedad, a fin de que al amparo de la ley se proceda a restablecer el orden y se de las garantías para que estas importantes unidades petroleras, que forman parte del activo critico nacional, puedan seguir operando.
De otro lado, Pablo de la Flor, expresó que el sector hidrocarburífero nacional afronta una de las peores crisis de su historia, pues en la actualidad apenas se están produciendo 21,000 barriles por día, cuando hasta diciembre del 2019 se alcanzaban los 62,000 barriles por día.
“La producción en la Selva Norte se encuentra totalmente detenida como consecuencia de la conflictividad social y la pandemia que afectan al país. Por esta coyuntura, las inversiones en exploración se han desplomado de 70 millones de dólares a sólo US$ 4 millones al mes”, manifestó.
Finalmente, sostuvo que el gremio minero energético expresa su condena y rechazo ante cualquier acto de violencia que atenta contra la propiedad pública y privada; y que pone en peligro los esfuerzos por reactivar la economía nacional.