María Isabel León, presidenta de la CONFIEP (Foto: GEC)
La presidenta de la Confederación Nacional De Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León, solicitó al Congreso que no se ratifique el Acuerdo de Escazú, el cual esta actualmente siendo debatido en el Congreso, indicando que ratificar el Acuerdo llevaría a una perdida de la soberanía del Perú al momento de decidir sobre su industria y desarrollo.
León indica que las empresas transnacionales, así como otros países “podrían vetar emprendimientos en minería, pesca y tala y dilatar el emprendimiento del país” si así lo quisiesen, bajo lo estipulado en el Acuerdo de Escazú.
“Se abriría la puerta para que transnacionales y otros gobiernos tomen decisiones sobre nuestro territorio pensando en sus propios beneficios”, agrega León.
Hernán Cuba Chávez, especialista consultor de la Confiep, comenta al Congreso que, de ratificar el Acuerdo de Escazú, el Perú “pone en peligro los proyectos del país, incluyendo los de infraestructura, así como la adopción de políticas públicas y de proyectos extractivos”.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El acuerdo de Escazú es un tratado internacional el cual busca garantizar el “acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
Sin embargo, de acuerdo a la Confiep, debido a como está redactado el tratado, ratificarlo causaría un efecto nocivo sobre las capacidades de emprendimiento del Perú.
Esto se debe a que el artículo 7 del acuerdo establece el derecho de la ciudadanía para participar en la toma de decisiones ambientales, pero el artículo 2 del tratado extiende este derecho a las personas jurídicas en el marco internacional y no solo a la población local.
“Los beneficiarios de estas disposiciones deberían ser las personas afectadas, pero el art. 2 dispone que por “público” se entiende a las personas jurídicas en el marco internacional”, recalca León.
Necesidad
De acuerdo a León, el Perú ya cuenta con normas de protección ambiental suficientes y que ya incluyen todo lo dispuesto en el Acuerdo de Escazú, por lo que ratificar el tratado sería innecesario. “Cuál sería la finalidad de darle una doble instancia a derechos ya resguardados?” le indicó al Congreso.
Hernán Cuba además recalca que lo que realmente se requiere son “acciones efectivas” del gobierno para implementar la normativa ya existente. “La sola ratificación de Escazú no paralizará las actividades ilícitas”, comentó, agregando que la norma tiene redacción ambigua que se presta a interpretación y podría ser usada en contra del Perú.
El día de hoy la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso tendrá una última reunión para decidir acerca de la ratificación del Acuerdo.
Fuente: Gestión