Destacaron la necesidad de fortalecer la institucionalidad, la planificación y su interrelación no sólo con su entorno inmediato, sino también con otras actividades económicas. 

El rol que tiene la minería en el desarrollo de la economía peruana fue destacado por los líderes políticos y empresariales que participaron en la sesión de clausura del I Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social (I CCMYSS) que organizó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y que concitó la atención de visitantes de cerca de 30 países de los continentes del mundo.

Fernando Cillóniz, exgobernador de Ica, manifestó la minería genera bienestar y desarrollo en las zonas en donde opera y precisó que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Moquegua y Tacna es muy alto debido a la presencia de la minería. Al responder porque Cajamarca se encuentra rezagada en cuanto al IDH, señaló que eso se debía dar más tiempo a las empresas que operan en esa zona.

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Asimismo destacó los logros alcanzados en su gestión en materia de promoción de la inversión minera en su región. Dijo que el lideró las acciones a favor del desarrollo del proyecto Minas Justa, en la zona de Marcona, donde había oposición y dudas; sin embargo, a través del diálogo y obras concretas como la construcción de un Instituto Tecnológico posibilitaron que ese proyecto se desarrolle.

Por su parte la excongresista Marisa Glave reconoció el aporte de la minería al Perú y la ampliación de la capacidad de consumo; pero que no ser ha forjado ciudadanía en base al ejercicio de derechos. En ese sentido, puntualizó que la pandemia del Covid-19 había puesto al descubierto una serie de falencias en el país.
Glave insistió en la minería debe desarrollar en un contexto de ordenamiento territorial y que es importante avanzar en la transparencia de la toma de decisiones. “Se tiene que hacer consulta previa libre e informada”, dijo, precisando que no debía seguirse con el discurso de la tramitología cuando se necesita fortalecer a la fiscalización ambiental y el apoyo al Acuerdo de Escazú.

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El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez, mencionó que no se debía dejar que otro país abastezca la gran demanda de cobre que se originará con el mayor contenido de cobre que tendrán los vehículos eléctricos hacia el 2030. El representante gremial dijo que era necesario aumentar los lazos entre la industria y la minería. “Se necesita una especie de valor compartido”, señaló.

Márquez se mostró de acuerdo con la importancia de mantener una macroeconomía fuerte y estable; así como las políticas sectoriales como las aplicadas a la minería y la agroexportación, que han permitido alcanzar grandes resultados en las últimas décadas. “Necesitamos una economía que genere empleo y exportación a través de encadenamientos”, sentenció.

A su turno, el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, dijo que era necesario tener una visión de país para los próximos 30 a 40 años, además de las reformas y acciones que deben hacerse, así como el financiamiento requerido. Actualmente estamos atravesando la cuarta revolución industrial y ello implica grandes desafíos.

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Para Guzmán las cuatro reformas que deben hacerse son: gestión del conocimiento para lo cual hay que invertir en capital humano; repensar la descentralización, ya que existen 1872 virreynatos que no están alineados con el país. La tercera reforma se refiere a las libertades económicas y que llevaba a luchar contra los monopolios y los intermediarios que abusan de los agricultores. Había que avanzar en la construcción de verdaderos partidos políticos.

El financiamiento de las reformas vendría por la atención de la demanda alimentaria de Asía, que demandará alimentos durante los próximos 50 años. Finalmente Guzmán manifestó su opinión contraria al cambio de la Constitución.