—Según el experto Miguel Santillana, se debería revisar el esquema de concesiones mineras, ya que en algunas no se realiza la actividad exploratoria, lo que permite que los informales ingresen a esas zonas.
Sin pelos en la lengua. Para el experto en temas mineros, Miguel Santillana, existen muchos mineros informales que no podrán cumplir con toda la documentación que les ha solicitado el gobierno para poder formalizarse antes del 19 de abril, y peor aún, quizá nunca puedan subsanar sus papeles.
“Menos del 1% de los 70 mil mineros inscritos -según el gobierno- podrá cumplir con los requerimientos como el título minero o contrato de explotación, acuerdo con el propietario de la superficie, acuerdo con la autoridad local del agua e instrumento de gestion ambiental correctiva”, detalló.
Es más, indicó que según la Defensoría del Pueblo así como informes oficiales a enero de este año, el número de mineros formalizados es cero.
“Acá lo que se requiere es palo y zanahoria. El palo es Daniel Urresti (Alto comisionado)”, indicó.
Recordó que en el 2010, el gobierno reconoció que solo el 7% del territorio de Madre de Dios está apto para hacer minería, y en el resto está prohibido.
“Este contexto nos lleva a revisar cómo el gobierno entrega concesiones mineras. Y allí hay que invitar a los directores técnicos de Ingement”, dijo.
Escollos
Para el especialista, una de las trabas al proceso de formalización es la presentación del título minero o el contrato con el titular minero de la concesión por los informales, puesto que a la fecha aquellos (los dueños)han elevado el precio de la regalía que le cobrarán a los mineros y estos últimos no están dispuestos a pagar.
“Ahí es donde quieren (los mineros informales que están protestando) que el Estado intervenga, pero es una negociación entre privados, donde el gobierno no puede interferir”, precisó.
Otra situación preocupante es que gran número de mineros informales (ilegales)han invadido terrenos agrícolas y forestales de terceros; y por lo tanto, para ellos será imposible que los dueños le entreguen un contrato.
Para Santillana, hay una delgada linea entre ser ilegal e informal. “Ilegal es hacer minería donde no se puede como zonas urbanas, de reserva arqueologica o de reserva nacional. Mientras que informal, es hacer minería donde sí se puede pero no han completado el proceso administrativo frente al Estado”, subrayó.
OTROSÍ DIGO
Precio más alto. Una de las alternativas para tener un mercado de concesiones mineras más dinámico -según Santillana- sería elevar de US$ 3 a US$ 50 el pago de derecho de Vigencia, estipulado en el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. “Eso incentivaría la exploración, y si a los concesionarios no encuentran nada atractivo, entonces la podría devolver”, añadió.
LAS CLAVES
Blanqueamiento. Con las medidas que se han dado -según Santillana- el mercado negro de oro está más radicalizado. Ahora en Madre de Dios nadie quiere dar un papel y nadie trae oro a Lima sino que todo sale por Bolivia y Brasil.
El número. En Perú existe la voluntad de negociar con los mineros en proceso de formalización en unas 17,567 concesiones.
Plantea intervenir las 60 plantas de cianuro
Para nadie es un secreto que mientras el acceso a los insumos y plantas de procesamiento (del mineral) sea fácil, la minería informal no desaparecerá.
Miguel Santillana explica que el oro que se extrae en costa y sierra del país siempre termina en una planta de cianuración.
“El obrero minero que trabaja con mercurio, al pasar el metal precioso por este líquido recupera el 40% del contenido del oro. Pero si va a una planta de cianuro bien calibrada recupera el 95% de contenido”, explicó en RPP TV.
Al respecto, señaló que en el Perú existe 60 plantas de cianuro entre formales e informales, y una salida más directa a la situación actual es que el Estado intervenga estas plantas, en vez de perseguir a medio millón de personas (los mineros informales).
“Se debería revisar los procesos industriales de cada una de ellas, si están formalizadas y ponerles una oficina de Sunat al interior de cada planta”, subrayó.
En cuanto a los otros insumos (salvo el control de explosivos), advirtió que no se ha hecho nada. “En lo que corresponde a negocio de cianuro y mercurio, tampoco se ha hecho el padrón de las empresas que pueden comercializar estos productos y el mercado negro ha crecido”, finalizó.
AMPLIAR EL PLAZO NO ES LA SOLUCIÓN
Alfredo
Dammert
EXPRESIDENTE DE OSINERGMIN
En el corto plazo, ampliar el plazo de formalización no sería la solución a la coyuntura. Esta situación no se arreglará facilmente pues los dueños de las concesiones no se sienten cómodos en darles un permiso o contrato a los mineros para que utilicen sus hectáreas.
El segundo tema es que al minero informal se le pide un estudio de impacto ambiental (EIA), lo cual es un requisito muy exagerado. En mi opinión, para aquellas concesiones que se ubiquen en un arenal solo se debería pedirles un compromiso que cumplirán con la normativa ambiental.
En tercer lugar, hay una demora excesiva con la respuesta de los documentos en las Direcciones Regionales de Minería. Finalmente, no ha sido buena idea la destruccion de algunas dragas porque eso ha hecho que los mineros se pongan en pie de lucha y ello desincentiva la formalización. A largo plazo la idea es que el Estado tenga más presencia en las zonas donde se ubica la pequeña minería para que así se cumplan las leyes.
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