La minería ilegal le hace mucho daño al país, y ha originado devastación en regiones como Madre de Dios, por lo que debe continuar el proceso de interdicción iniciada por el Gobierno contra esta actividad, dijo hoy el defensor del Pueblo encargado, Eduardo Vega.
“Hay gente interesada en mantener la situación de ilegalidad y trata que este proceso (interdicción) iniciado se caiga y tenga trabas. Este proceso hay que mantenerlo, no debe retroceder”, puntualizó.
El funcionario destacó, en ese sentido, la tarea que lleva a cabo el Ejecutivo frente a la problemática de la minería ilegal, a partir de los decretos que se dieron a fines de 2012 y la posterior intervención de la actividad ilegal.
“No se había visto antes una acción del Estado así. Combatir la minería ilegal, que tiene por lo menos 50 años, es una tarea compleja, ardua y requiere ser mantenida en el tiempo”, añadió en RPP.
Por otro lado, Vega señaló que se debe “cortar de raíz” el clima de inseguridad que se vive en la región Áncash, y que se ve reflejada en el alto número de asesinatos, varios de ellos de carácter político.
“Ser candidato parece una actividad de alto riesgo, eso hay que cortarlo de raíz. En Áncash hay datos preocupantes: 130 homicidios en 2013, según la Policía, y 71 con arma de fuego, relacionado directamente con el sicariato”, afirmó.
Asimismo, se mostró contrario a la versión brindada sobre el tema por el presidente regional César Álvarez, quien sostiene que los asesinatos buscan dañar su gestión y eventual reelección.
“Eso no es así, nadie mata gente para dañar una candidatura. Le he reclamado que tome acciones concretas, es el presidente del comité regional de seguridad y debe mostrar qué va a hacer contra la inseguridad”, añadió.
Para el defensor, hay una tarea nula frente a la problemática de la inseguridad en dicha región al referir que no se le está poniendo el interés que se requiere para actuar con eficacia.
Andina