Ministro de Cultura, Juan Ossio en la juramentación del Comité que administrará el canon proveniente de la industria química de los productos naturales.
Los sucesos de Bagua constituyen una fractura entre el Estado y la sociedad indígena, así como “el olvido, la marginación y el desprecio de la clase política, que nos considera ciudadanos de segunda categoría”, afirmó Eduardo Nayap Kinín, congresista electo de Gana Perú por Amazonas.
Durante el foro “Balance y Agenda sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, organizado por el Congreso de la República, Nayap Kinín dijo que Bagua refleja a cabalidad la enorme deuda que el Estado tiene con esas comunidades.
“El Ejecutivo debe hacer un esfuerzo por una mayor inversión en nuestras zonas en educación, salud, justicia, agricultura y más”, remarcó, tras deplorar que el dictamen en mayoría del legislativo no identificó a los responsables políticos del “baguazo”.
“Los pueblos nativos seguirán defendiendo su derecho a ser consultados, de acuerdo con la legislación peruana y los convenios internacionales (…) No aceptamos que se nos siga insultando así”, remarcó.
Mesas de trabajo y reconciliación
Por su parte, el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, Washington Zeballos, recordó que se conformaron cuatro Mesas de Trabajo: comisión investigadora de los sucesos; de análisis de los decretos legislativos cuestionados por los pueblos indígenas; de implementación de la Consulta Previa; y de propuesta nacional de desarrollo amazónico.
“Solo se cumplió, por parte del Congreso, con la derogación de algunos decretos que vulneraban derechos de los pueblos indígenas (DL.1015,1073, 1090 y 1064), pero no se dieron las normas sustitutorias, como en el caso de la Ley Forestal” , precisó.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), Oseas Barbarán, indicó que en enero del 2010, representantes del ejecutivo, gobiernos regionales y de organizaciones nativas aprobaron los informes finales de las 4 mesas de trabajo antedichas, que fueron remitidos a las instancias correspondientes.
“Esta coyuntura debe ser el inicio de la reconciliación real entre el Estado y los pueblos indígenas de nuestro país”, acotó.
Resaltó el trabajo en esa dirección de las organizaciones indígenas CONAP, AIDESEP, CNA y CCP; y aseguró que continuarán en la lucha, “sin el componente reivindicativo” sino considerando que estar en un mundo globalizado.
Temor y desconfianza
Anne Marie Michele Cuq, del Vicariato de Jaén, alertó sobre los procesos judiciales abiertos, en su mayoría contra indígenas luego del “baguazo” y cuyos estragos aún continúan.
“Por esto, gran parte de la población desconfía de las autoridades policiales, militares y judiciales, al punto de que hay gente que se rehúsa a obtener su DNI para no ser identificada ante el temor de sufrir alguna venganza”, contó.
Dijo que aunque la pobreza ha disminuido a nivel nacional, en Amazonas aumentó, pues según el INEI, entre el 2007 al 2009 pasó del 55% al 59,8%, mientras que en Condorcanqui, de 76,3% a 83%.
“Demasiadas veces (a los nativos) se les desprecia afirmando que son manipulados, ignorantes y hasta salvajes. Mientras pensemos eso, no habrá construcción posible de un país con democracia saludable”, advirtió.
“Ignoramos a los indígenas”
Entre tanto, el Congresista Guido Lombardi, quien presidió la investigación del “baguazo”, lamentó que se siga ignorando a los compatriotas indígenas y criticó que se sigan otorgando concesiones mineras y firmando convenios energéticos con Brasil, que supone la realización de mega proyectos, sin el aval del pueblo indígena.
Por su parte, la congresista Elizabeth León se comprometió a seguir luchando por los derechos de los indígenas. “Seguiremos acompañando a las organizaciones nativas, sociedad civil y a los congresistas para que la democracia sea tangible y no sólo una declaratoria entre los pueblos amazónicos”, anotó.
Otras opiniones
José Carlos Vilcapoma, viceministro de Interculturalidad, admitió que hay una deuda de la República por entender el tema amazónico. Sin embargo, anotó que el “baguazo” “ha visibilizado el tema de los pueblos indígenas en la población en general.
Marina Irigoyen, de CARE, anotó que en aras de la gobernabilidad es necesario sacar adelante la Ley de Consulta y la Ley Forestal entre otras.
La representante de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima, Leslie Llatas, sostuvo que lo de Bagua no fue resuelto por falta de voluntad política. “Falta acciones de estado que integren las costumbres y el modo de vivir de nuestras comunidades en una política de reconciliación nacional”, apuntó.
Gisella Vignolo, de la Defensoría del Pueblo, refirió que en estos pueblos aún existe la necesidad de la titulación de tierras que “los convierta en actores centrales de su propia prosperidad”.