“La política de renovación de los contratos de los lotes petroleros ya estaba decidida por Perupetro, antes de que yo sea parte de este gabinete ministerial”. Palabras más, palabra menos, esta ha sido la respuesta recurrente del ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, para defenderse del supuesto conflicto de intereses que se le acusa por firmar un contrato temporal de un año con la empresa noruega Interoil, a la cual brindó servicios de asesoramiento antes de que sea designado funcionario público del presente régimen.
Lo dicho por Mayorga no deja de ser cierto, pues en octubre del 2013, mediante un Acuerdo de Directorio, Perupetro acordó que se extiendan los contratos a algunas empresas petroleras que operan sendos lotes en el noroeste de Talara (Piura) y la selva del país.
Fue un “giro de timón” a la política impulsada a inicios del gobierno del presidente Ollanta Humala, puntualmente bajo la gestión de Aurelio Ochoa al frente de Perupetro, que desde agosto del 2011 planteaba claramente que la alternativa era la convocatoria a una licitación, cuando finalicen los contratos, para que otras empresas, incluso con la participación de Petroperú, operen los lotes petroleros.
Entre los yacimientos involucrados están los Lotes III y IV (operados por Interoil), que están ubicados en Talara y cuyos contratos vencieron en marzo del 2013, pero que ahora la empresa noruega se quedará un año más (marzo 2015), a pesar de haberle creado problemas al Estado peruano mediante un laudo arbitral internacional y usufructuar, mediante una medida judicial, por casi 13 meses los lotes mencionados.
También está el Lote IX (de Unipetro), cuyo contrato expiraba en junio del 2013, pero que la agencia estatal decidió prorrogar por dos años más el mismo.
Con estos antecedentes, se da por descontado que se extenderán por 10 años más los contratos a la china Sapet por los lotes VI y VII, cuyo contrato termina en agosto del 2015; así como a la petrolera Monterrico por el Lote II, la cual su contrato caduca en enero del 2016.
Pero en la selva también hay el afán de renovar los contratos petroleros, como sucedió con la empresa Maple en Pucallpa (Ucayali).
Y es que el 30 de marzo el ministerio de Energía y Minas aprobó modificar el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en los Lotes 31-B y 31-D, a cargo de Maple Gas Corporation del Perú, para extenderlo por diez años más, tal como lo había aprobado el Directorio de Perupetro el 24 de febrero del 2014.
Por ello, ya estaría consumada la extensión, también por 10 años, del contrato por la explotación del Lote 1-AB (uno de los más grandes del país), ubicado en la selva norte y que operan Pluspetrol y la estatal china CNPC.
Todos estos lotes (con excepción del 1-AB) fueron de Petroperú hasta la privatización de los años 90, por eso –según el ex presidente de Petroperú, Humberto Campodónico– “era razonable plantear que volvieran a la empresa estatal para fortalecerla, lo cual sería congruente con la política que impulsaba el gobierno de Humala al principio de su gestión”.
Los contratos
Esto ha sido confirmado por Aurelio Ochoa, quien incluso señala que en el gobierno anterior el directorio de Perupetro (encabezado por Daniel Saba) determinó en julio del 2010 que los compromisos en tres lotes (los de Interoil y Unipetro) ubicados en Talara, caducarían una vez finalizados sus contratos y no habría extensión de los mismos, salvo por concurso público.
“En mi gestión, lo hicimos más extensivo a todos los (contratos) que vayan a expirar en el futuro. Todos simplemente retornaban al Estado e irían a licitación internacional”, afirmó.
Recordó que las empresas a cargo de los lotes petroleros han tenido la oportunidad de invertir y no lo han hecho, pues la producción de 126 mil barriles diarios (antes de la privatización de los años 90) cayó actualmente a sólo 62 mil barriles al día.
Cabe indicar que los lotes de Talara tienen 60 millones de barriles (MMB) de reservas probadas (sin tomar en cuenta las probables) y producen 2,5 MMB al año.
Al precio de US$ 100 por barril, las ventas suben a US$ 250 millones anuales. Si se considera utilidad neta del 20%, tenemos US$ 50 millones anuales. Y como las utilidades de Petroperu hoy son US$ 150 millones, el incremento sería de 33%.
Campodónico consideró que la actual política de Perupetro es la prórroga “a dedo”, la cual ha comenzado con los decretos supremos que otorgan a la noruega Interoil un nuevo contrato temporal de un año.
Pero el experto no deja de reconocer que la Ley de Hidrocarburos 26221 (Artículo 11) establece que Perupetro puede celebrar contratos por negociación directa o por licitación.
Al respecto, Aurelio Ochoa también coincide que legalmente se faculta a Perupetro a que haga la negociación directa, pero aclara que la Ley mencionada fue dada en 1993, cuando el país estaba en otras condiciones.
“Al Directorio de Perupetro que yo presidía le parecía más transparente convocar a una licitación pública, para no despertar ninguna suspicacia, dados los acontecimientos previos que habían ocurrido”, afirmó.
Sobre la participación de Petroperú en los lotes que están por vencer, Ochoa dijo que Perupetro ya venía trabajando en ese sentido desde el 2011, en concordancia con la Ley de Fortalecimiento de la empresa estatal.
“El Directorio de Perupetro consideró que Petroperú debía participar en estos lotes. Para ello propusimos al Ejecutivo que, mediante un decreto supremo, modifique el reglamento de calificación de empresa petrolera, con el objetivo de que Petroperú esté en condiciones de que se le transfieran los lotes. Pero la decisión política tenía que darse, y ya conocemos la historia”, manifestó.
Ochoa defendió la postura que tomó para optar por los procesos de licitación para los lotes petroleros, y aunque se difiere que no comparte la actual política de renovación de los contratos, dijo que respeta la posición del actual Directorio de Perupetro, que preside Luis Ortigas.
¿Dónde está el acuerdo?
A propósito, La República solicitó a Perupetro innumerables veces el Acuerdo de Directorio donde se estableció la nueva política de renovación de contratos petroleros, pero hasta ayer no obtuvo respuesta.
Tampoco se pudo tener acceso al nuevo contrato por un año que se firmó con Interoil.
Gestiones que también ha realizado el congresista Manuel Dammert, pero tampoco le han alcanzado ambos documentos hasta la fecha.
El parlamentario calificó como acto de corrupción regalar las reservas probadas de petróleo, valorizadas en US$ 6 mil millones, con rentabilidad segura de US$ 3 mil millones.
“Le quita activos claves a Petroperú matando el proyecto estratégico de la Refinería de Talara, más aún cuando los contratos que terminan fueron suscritos con Petroperú, luego de un concurso internacional, y al vencer el plazo son activos de todos los peruanos”, dijo.
Asimismo, el economista Pedro Francke señala que el problema de fondo es que a Petroperú se le siguen negando las capacidades mínimas para desarrollarse como empresa.
“Con los primeros lotes que vencieron sus contratos, Petroperú pudo haber empezado a recuperar capacidades, asumiendo un lote chico como los de Interoil y operarlo, tercerizando algunos servicios al comienzo y buscando socios estratégicos con los cuales compartir la gerencia, posiblemente con una participación minoritaria en el accionariado”, agregó.
Avanza la iniciativa ciudadana que permitirá a Petroperú participar en la producción de petróleo
El congresista Manuel Dammert señaló que la campaña de recolección de 100 mil firmas, con la finalidad de presentar ante el Congreso de la República una iniciativa legislativa que parta de la ciudadanía para fortalecer a Petroperú, avanza con creces.
La iniciativa legislativa busca modificar la Ley de Modernización de la Refinería Talara – Ley Nº 30130, que según los expertos ata de manos a la petrolera estatal en faenas de producción petrolera y permite privatizar un 49% de las acciones de la entidad.
“Quieren vender dolosamente el 49% de acciones de Petroperú subvaluando su valor empresarial y subordinándola a un grupo privado”, señaló Dammert.
Explicó que esto se impulsa apoyándose en los cuestionados artículos 3.2 y 6 de la Ley 30130 que amarran de manos a Petroperú para que no asuma la integración vertical (lotes petroleros, terminales de almacenamiento, etc.) y la reprivatizan vendiendo el 49% de sus acciones en forma inmediata.
“Deben retornar a Petroperú los lotes en devolución (incluido el prorrogado a Interoil) y se autorice a la empresa estatal para convocar de inmediato a socios privados para explotarlos”, afirmó.
Agregó que el 25 de abril pasado en Talara se recogieron 20 mil firmas para la iniciativa legislativa en cuestión, y que los días 9 y 10 de mayo se continuará la campaña en Moquegua y Arequipa.
“La iniciativa ciudadana busca darle mayor valor a la nueva refinería de Talara, pues al tener mayor capacidad para refinar petróleo debe tener sus propios lotes desde donde obtenga el crudo y así reemplazar la importación de combustible”, indicó.
El legislador estimó la conveniencia de que Petroperú se asocie con un privado para explotar los lotes petroleros del noroeste de Talara y el lote 64 que tienen reservas probadas de crudo por un valor de US$ 3 mil millones y US$ 5 mil millones, respectivamente, y así obtener la renta petrolera.
La República