Gabriel Ortiz de Zevallos, presidente de Apoyo
“Si hay una ley que genera expectativas de las comunidades y su implementación no va a la velocidad que se necesita, se pueden generar problemas”, subrayó.
Agregó que para implementar la norma, se necesita de un buen plan de acción, de recursos necesarios y de un equipo competente.
Comunidades sin representación
Consideró que de esa manera se podrá atender oportunamente la cantidad de conflictos existentes, así como enfrentar la representatividad de las comunidades, de las que no se sabe, en muchos casos, quién es su verdadera cabeza.
“Por eso, muchos de los problemas que enfrentan las mineras es que acuerdan algo con el presidente de una comunidad y al día siguiente desconocen dicho compromiso”, acotó.
Comentó que esos conflictos deben ser manejados con extremo cuidado, dado que somos un país con una enorme cartera de proyectos mineros e hidrocarburos que están en zonas donde hay interculturalidad, y “enfrentar eso no es fácil”.
Informó que actualmente existen un total de 214 conflictos a nivel nacional, de los cuales 59 tienen que ver con la minería, y 119 son socio ambientales.
Antimineros y agendas privadas
El directivo afirmó que las visiones distintas que se tienen sobre las implicancias de la minería, generan temor en algunas comunidades, aunque también hay sectores anti-mineros desde una visión hidrológica o aquellos con una agenda de otro tipo, así como la minería ilegal u otras actividades que no quieren que ese espacio se formalice, porque afecta sus intereses económicos.
Dijo que otro gran obstáculo es que Perú tiene cuatro niveles de gobierno disconexos: nacional, regional, local provincial y distrital, y además están los frentes de defensa.
“Es así que cada conflicto resulta siendo tremendamente complejo resolverlo. Por eso se necesita una acción muy proactiva del Estado con colaboración de las empresas privadas, para entender que es lo que está detrás, resolver las dudas y aclarar puntos”, anotó.
Lucha contra la pobreza
Ortiz de Zevallos destacó que la actividad minera incide positivamente en las tasas de pobreza y pobreza extrema.
Indicó que la pobreza en los distritos sin presencia de minería es de 58 por ciento y donde hay minería es de 47.4, mientras que la pobreza extrema en ese orden es de 25.1 por ciento y de 18.8.
Dio a conocer que una reciente investigación de Apoyo registra que si de los fondos mineros que se han aplicado, se invierte en un distrito un promedio de 5 millones de soles, se reduciría la pobreza en 3,1 puntos porcentuales.
Según este estudio, el total de las familias cuyo jefe de hogar trabaja en minas y canteras es 1.4 por ciento de la población, 0.1 es pobre extremo, 0.3 es pobre no extremo y el 1 por ciento no es pobre.
“Los mayores niveles de pobreza se dan en hogares cuyo jefe de hogar está dedicado a otras actividades”, añadió.
Otros indicadores de la investigación son: 5,58 por ciento más de matrícula secundaria, 5.3 de mejores logros educativos, 11.3 más de ingreso per cápita y 288 días más de esperanza de vida, que en las zonas rurales es bastante más baja que el promedio nacional.
Asimismo, Ortiz de Zevallos, destacó que el 16.9 por ciento de los distritos priorizados por el programa Juntos tienen proyectos de minería responsable.
Proyectos destacados de responsabilidad social
El programa Ally Micuy, en Ancash, durante el 2007-2010, redujo la desnutrición crónica en niños menores de 3 años de 39.3 por ciento a 27.7; en prevalencia de anemia en niños de la misma edad de 63.2 por ciento a 46.6; mientras la lactancia materna exclusiva se elevó de 81.4 por ciento a 90.7 y la cobertura de vacunación de 83.3 por ciento a 97.2 .
El programa de Salud y Nutrición Pataz, en La Libertad, con 15 comunidades involucradas, en el periodo 2008-2010, disminuyó la desnutrición crónica en niños menores de 3 años de 25.0 por ciento a 19.9; la prevalencia de anemia de 74.0 por ciento a 60.0. Mientras la lactancia materna exclusiva subió de 50.0 por ciento a 87.6 y la cobertura de vacunación de 34.0 por ciento a 65.4.
“Estos proyectos son la evidencia de implementación con buenos resultados, bajo criterios de evaluación que permiten saber si estamos avanzando por el camino correcto; además nos permite identificar que problemas hay y cómo podemos corregirlos”, remarcó Ortiz de Zevallos.