Las guías sobre los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que se desarrollan en Perú no son las mejores y necesitan actualizarse en sus contenidos con estándares aceptados internacionalmente, según un informe del Banco Mundial, dio a conocer José De Echave, Responsable del Programa Derechos Colectivos e Industrias Extractivas– de la ONG Cooperación.

“El Banco Mundial ha propuesto esa iniciativa; es un tema que trabaja el Ministerio de Energía y Minas, ya que muchos de los estándares planteados ahora no son los mejores y podrían mejorarse enormemente”, refirió al intervenir en un Panel sobre Estudios Ambientales y Sociales y Prevención de Conflictos Sociales Mineros.

De Echave dijo que según dicho organismo internacional, es necesario exigir términos de referencia detallados, que actualmente no son exigidos por ley, previos a la elaboración de los EIA de proyectos con alto grado de productividad.

Asimismo -prosiguió- se plantea compartir la responsabilidad en los procesos de autorización del EIA con otras agencias gubernamentales, es decir “debería haber una apuesta por una gestión más transectorial para la aprobación del estudio”.

El economista señaló que falta hacer una evaluación del por qué no ha funcionado mejor en los últimos quince años los procesos sobre el EIA, aunque “en la minería hay ciertos mecanismos que si han funcionado con resultados importantes, permitiendo proyectos con involucramiento social”.

Mencionó que así, mientras Tía María no logra la aprobación de su estudio, el de Antapaccay si es aprobado, al igual que el de las Bambas. “Es decir que en la minería del país no todo está en una situación conflictiva, hay experiencias que sí han funcionado”, añadió.

“Hoy en día la minería necesita que sus proyectos reúnan cuatro logros fundamentales: la viabilidad técnico productiva; la viabilidad financiera, ya que muchos proyectos son muy complejos y caros; la viabilidad ambiental; y la viabilidad social, que se ha convertido en un elemento clave en estos últimos años”, consideró.

Reforzar capacidades

Entre tanto, el Coordinador de Evaluación Socio Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Fernando Ballón, expresó la necesidad de que Estado refuerce las capacidades de los responsables de velar por la elaboración de los EIA.

“En el caso de la OEFA, esta debe convertirse en una institución sólida y ágil desde el punto de vista de capacidades organizativas y económicas, para que pueda hacer acciones de intervención oportunas en ese campo, dentro de la ley”, manifestó.

Afirmó que la OEFA no tendría porqué intervenir en este tema, si es que (las empresas) cumplieran exactamente con el respeto al medio ambiente. “No debería hacerlo, si la actividad minera en general y las empresas del ramo cumplen fielmente con sus EIA, con todos los procedimientos técnicos, y no generan contaminación”, subrayó.

Asimismo, destacó la realización de talleres para la divulgación de su sistema de información que recoge las denuncias ambientales que se puedan presentar, a través de los cuales, dan a los gobiernos regionales, locales y comunidades organizadas, las pautas necesarias para acceder al manejo de ese sistema.

Dijo que la OEFA tiene previsto para este año establecer oficinas desconcentradas en las 25 regiones del país. Actualmente, ya tiene ocho, entre ellas las de Puno, Arequipa, Cusco y Madre de Dios.

Acotó que se debe fortalecer el mecanismo participativo con transparencia entre comunidad, empresa y Estado, para que “la desconfianza pueda ir disminuyendo”.

Falta fiscalización de la comunidad

Por su parte, el Coordinador Regional del Programa de Industrias Extractivas (OXFAM América) Javier Aroca, anotó que antes de pensar en nuevos mecanismos de control de los EIA, hay que analizar primero las reales causas del incremento de los conflictos sociales, entre el 2006 y 2011, con alta incidencia de los socioambientales. “Hay que preguntarnos qué está pasando, dónde está fallando el proceso, y a partir de ahí, recién ver si son necesarios nuevos mecanismos, nuevas políticas”, remarcó.

También planteó que es menester contar con un mapa completo, que fije dónde sí se puede realizar actividad minera y dónde no.

Lamentó que la participación ciudadana en la marcha de los EIA no funcione, cuando “las comunidades campesinas e indígenas sienten cada vez más que tienen el derecho a influir en esas decisiones”.

“Muchas veces los funcionarios públicos sienten que sólo ellos puedan tomar la decisión, sin importarles que las comunidades piensen de manera distinta”, reforzó.

“Hay un cambio de concepciones y eso debería ser recogido por los funcionarios de los diferentes organismos que intervienen en estos procesos y así cambien su actitud, con lo cual contribuirán a solucionar los conflictos”, puntualizó.

En otro momento, indicó que para lograr una sinergia y generar confianza entre las partes para que los estudios de impacto ambiental sean viables, es necesario propiciar una suerte de escuelas de buenas prácticas de gestión, con el concurso de empresas, funcionarios públicos y autoridades, que han participado en situaciones de tensión y conflicto, logrando soluciones a esos problemas.