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Tributaristas y empresarios coinciden en que plan reactivador del Gobierno crearía confusión y discriminación en la industria (Foto: Archivo El Comercio)

Las medidas propuestas por el gobierno de Ollanta Humala sobre los contratos de estabilidad tributaria –convenios que garantizan que los tributos no sufrirán modificaciones por un plazo determinado– para dinamizar las inversiones mineras, lejos de su cometido, podrían crear confusión e incluso discriminación en la industria, según tributaristas y empresarios.

El primer argumento en contra de las medidas es que levanta la valla del monto de inversiones y disminuye los plazos de los convenios vigentes, lo que beneficia, sobre todo, a la gran minería. Así, aumenta en 10 veces la inversión inicial de aquellas operaciones cuya inversión mínima es de US$2 millones, y la pasa a US$20 millones.

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Mientras que en el caso de inversiones cuyo compromiso inicial es un mínimo de US$20 millones se ha elevado en cinco veces (a US$100 millones), y se reduce el plazo de la garantía, de 15 años a 12 años.

“Las cifras del año 1992 [redactadas en los contratos vigentes] son obsoletas, pero no vayamos al otro extremo de fijar vallas tan altas, que lamentablemente van [a limitar los convenios] a cuatro o cinco mineras”, afirmó José Miguel Morales, gerente de Asuntos Legales de Buenaventura.

“Las medidas son confusas y no consecuentes con un paquete que promueve la inversión”, dijo Iván Chú, socio del área tributaria de la firma de abogados Payet.

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Otra propuesta que genera desazón a más de uno, dado que en los últimos meses causó controversia entre las mineras y la Sunat, es la restricción a estos convenios de las inversiones adicionales por debajo de los US$250 millones.

Las medidas del Ejecutivo proponen un tercer contrato de estabilidad, que además de fijar una inversión comparativamente alta, por US$500 millones, señala que solo las inversiones adicionales desde US$250 millones podrán acogerse a los convenios, lo que da la razón a la Sunat, que desde hace unos meses tiene litigios con dos mineras, a las que se niega a reconocer inversiones adicionales dentro de la cobertura de sus convenios de estabilidad.

“Las medidas planteadas lo único que hacen es recoger la sugerencia de la Sunat, que es una barrera a la inversión, y generan confusión”, aseveró Marcial García, socio de Tax Services de EY.

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Morales sugiere que el Gobierno debe sentarse a conversar con la industria para que haya un impacto inmediato, porque los montos de inversión trazados como los US$250 millones son muy elevados.

A TENER EN CUENTA
Los contratos de estabilidad tributaria no exoneran de ningún tipo de impuesto a las empresas mineras, sino eliminan el riesgo de un cambio en la política tributaria.

En el gobierno de Humala se han incorporado 64 dispositivos tributarios nuevos, entre leyes, decretos supremos y legislativos, de ahí que surge la necesidad de los convenios de estabilidad.

Las mineras sujetas a los contratos de estabilidad deben pagar dos puntos porcentuales más de Impuesto a la Renta, es decir, una tasa del 32%.

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