Entre las medidas urgentes que se tienen que adoptar para contrarrestar los conflictos sociales, en primer lugar tiene que ponerse en marcha un proceso de reformas institucionales, planteó Rolando Luque Mogrovejo, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, de la Defensoría del Pueblo.

“No es posible que la ejecución del gasto de los gobiernos regionales y locales sólo alcance en promedio el 50 por ciento, cuando hay necesidades insatisfechas de la población. Es inadmisible que ese dinero que está en las arcas del Estado no sea invertido eficientemente; entonces se necesita modernizar el Estado para incrementar la capacidad de gestión de los recursos”, sostuvo.

Agregó que en segundo lugar, es importante que las figuras jurídicas existentes en la Constitución y en las leyes sean aplicadas y potenciadas, como por ejemplo los consejos de concertación regional “donde los ciudadanos tienen la oportunidad de influir en el plan de desarrollo de su propio distrito, de su provincia, de su región”.

Dijo que los Estados modernos están diseñados para absolver la conflictividad social, no así los Estados débiles, con instituciones precarias que no cumplen sus funciones, lo cual es caldo de cultivo para la generación de situaciones violentas.

Agregó que la Defensoría trabaja en diversos tipos de conflictos, pero cuando se trata de problemas socios ambientales y mineros hay que ir a un debate sobre el ordenamiento territorial, con zonas ecológicas y espacios determinados donde es posible la minería. “Hay espacios donde hay que proteger un bosque, un monumento cultural, recursos hídricos y el paisaje, lo cual es mucho más rentable para el turismo. Es decir, hay que ordenar territorialmente las actividades económicas”, apuntó.

Agregó que así estaremos prevenidos para que cuando llegue un inversor, éste sepa en qué lugar podrá orientar su inversión, y no “se preste a alianzas subterráneas y a veces corruptas con el Estado para invertir donde legalmente no puede”.

Refirió que el tratamiento de un conflicto social involucra la aplicación de las ciencias sociales y otras, pues es un objeto de estudio sumamente complejo. “Las comunidades de la amazonía, por ejemplo, son vistas como expresiones de folklore o de paisaje, algo así como un spot de PromPerú, sin considerar que detrás de ellas hay una cultura, un mundo complejo, un deseo de convivir y una voluntad de combate muy grande; eso hay que comprenderlo a la hora de intervenir en un conflicto social”, explicó.

Informó que a junio del año en curso hay 80 conflictos mineros, mientras que en similar periodo del año pasado fueron 65. De los actuales, el 49 por ciento ocurren por la explotación de un yacimiento minero, 39 por ciento en exploración, 11 por ciento en otras etapas, mientras 52 por ciento son socio ambientales mineros en proceso de diálogo.

En otro momento, manifestó que el crecimiento económico, según la percepción de las comunidades y sectores sociales diversos, involucra una gran exclusión. “En el 82 por ciento de los distritos que tienen conflictos sociales, que son comunidades aledañas a las minas, se vive por debajo de la pobreza”, puntualizó.

A su entender, los grandes motivadores de los conflictos sociales son, entre otros, las expectativas económicas de las comunidades que esperan que su vida cambie, pero que cuando se publicita el crecimiento con cifras extraordinarias y ven que no se traducen en mejoras, surge una insatisfacción que se expresa públicamente.

“Por otro lado, están las demandas de respeto de identidades que no calzan con el modelo económico en marcha. No todo es un asunto traducible a números económicos, hay también intangibles que deben ser protegidos y respetados”, consideró.

Nuevo gobierno y solución de conflictos

Posteriormente, Luque Mogrovejo prestó declaraciones a ProActivo, dando otros alcances sobre el tema.

En base a las lecciones aprendidas y las buenas prácticas, ¿cómo se podrían solucionar los conflictos sociales de manera más viable?

Se tienen que tomar algunas medidas urgentes, especialmente desde el siguiente gobierno, donde se abre un espacio de oportunidades para realizar cambios. Yo creo que hay varios tipos de medidas importantes: primero, tiene que haber reformas institucionales que hagan que el Estado pueda absolver la conflictividad, pues todo no puede estar librado a las mesas de diálogo, sino que cada problema debe resolverse en el ámbito de un ministerio, de un gobierno regional o de un municipio provincial o distrital.

Un segundo grupo de medidas tiene que ver con la aplicación adecuada de los mecanismos jurídicos y constitucionales existentes para facilitar el diálogo; me refiero a los consejos de concertación regional, a la revocatoria del mandato, la rendición de cuentas y el derecho de petición.

Asimismo, es importante revisar y fortalecer todo el sistema de evaluación ambiental para que sea más transparente, pues las comunidades necesitan mayor capacidad para cuestionar y revisar críticamente los EIA. También es vital que se apruebe la ley de la consulta previa para que las comunidades den su opinión para ver si alguna ley o una medida administrativa les conviene, si les va a impactar negativamente su ámbito ambiental o de vida.

Cuando se toque el tema de una nueva concesión minera, ¿la consulta previa podría servir para solucionar los conflictos que podrían generarse?

Sí, efectivamente; ya existe un reglamento que va a permitir que antes de que sea otorgada una concesión, se consulte a las comunidades. Pero es muy importante que esto venga acompañado de información, pues no basta con decir esta es la concesión solicitada y punto, sino precisar que beneficios puede traer, qué tipo de explotación será.

Se habla también de institucionalizar la gestión de los conflictos en los gobiernos regionales. ¿Qué pautas se debe seguir para lograr esto?

Primero, ver que hay un conjunto de conflictos que no tienen que ser vistos necesariamente por el gobierno nacional, sino por el regional. Pero que hay otro tipo de conflictos que no siendo competencia del gobierno regional, éste es un actor político importante y, como tal, no puede permanecer de costado frente al problema.

Por ejemplo, Tía María es gran minería y competencia del ministerio de Energía y Minas, sin embargo el problema ocurre en el ámbito de una región y entonces el gobierno de esa zona, sus alcaldes provinciales y distritales tienen la obligación de participar y colaborar.

El Estado está en la obligación de colaborar con los gobiernos regionales para que estos puedan desarrollar sus capacidades de atención de los conflictos sociales y apoyarlos en la creación de una instancia para aquello. Para desarrollar esta tarea se precisa de un software para hacer el monitoreo de los conflictos y contratar personal especializado, sobre todo de ciencias sociales, antropología y sociología, que son ramas del conocimiento indispensables para comprender la complejidad de un conflicto.