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La disminución de conflictos socioambientales en el país es coyuntural y podría estallar en la macro región sur donde se ha concentrado el 53 % de las inversiones mineras y donde también se encuentra el departamento con el mayor número de conflictos. La alerta la dio el Observatorio de Conflictos Mineros del Perú en su reporte del primer semestre del año.
“Esta caída en el número de conflictos es momentánea porque los hechos que los provocan no han cambiado, y el paquete de normas ambientales que se acaba de aprobar con el fin de atraer las inversiones terminará por ahondar la situación”, advirtió el ex viceministro de Gestión Ambiental José de Echave.
El nuevo escenario
En la zona sur andina, adonde se han desplazado los conflictos socioambientales, Apurímac aparece con la mayor cantidad de controversias producto de la afectación de fuentes hídricas, el incumplimiento de compromisos asumidos por empresas y autoridades nacionales, y además por el uso de tierras sin la autorización debida.
Pero son dos los sucesos que convulsionarían el territorio chanca. Se trata de la venta del proyecto cuprífero Las Bambas a la empresa china Minmetals y la modificación de su estudio ambiental.
En el altiplano, Puno afronta las consecuencias de la minería informal y artesanal. Esta actividad continúa impactando los ríos Suches y Ramis. Los cuestionamientos también alcanzan a las operaciones de la mediana y gran minería.
Los cusqueños tampoco están tranquilos, especialmente los de Espinar. Para ellos, el problema socioambiental con la mina Tintaya no está solucionado y no pierden de vista al nuevo proyecto que se viene, Antapaccay.
En Arequipa, el relanzamiento del emprendimiento cuprífero Tía María, por parte de la empresa Southern Perú, es un caso a considerar. Igualmente, en Moquegua por la puesta en marcha de Quellaveco, por la empresa Anglo American.
En el resto del país, los conflictos, aunque bajaron en intensidad, se mantienen.
Estrategias
Según analistas, es evidente además que la población ha optado por la expectativa y la resistencia. Y las empresas han empezado a relanzar los proyectos que paralizaron en busca de mejores tiempos. Este es el caso de Conga y Tía María.
El Observatorio de Conflictos Mineros del Perú avizora dificultades que podrían empeorar con la reforma legislativa aprobada –según afirma José de Echave– por presiones de los grupos empresariales.
“Sí hay empresas con gran capacidad de incidencia en el Estado. Lo digo por mi breve paso por el Ejecutivo”, testimonió el ex viceministro de Gestión Ambiental.
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