Bajo la lupa. Funcionarios estadounidenses están en Lima para hablar con representantes del gobierno peruano y de la sociedad civil. Más de cien organizaciones no gubernamentales aseguran que las reformas violan el Tratado de Libre Comercio.Funcionarios del Departamento de Estado y de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos llegaron a Lima para evaluar las reformas ambientales incluidas en la Ley 30230, que forma parte del paquete de medidas del gobierno peruano para reactivar la economía nacional y la inversión privada.
Durante la semana, los funcionarios estadounidenses se reunirán con miembros de la sociedad civil y representantes del gobierno para conocer y evaluar los cambios en las regulaciones ambientales.
Estos incluyen reducir de 35% a 50% como monto máximo las multas que deberán pagar las empresas que vulneren la normativa ambiental vigente y reducir a 45 días el plazo máximo para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental.
“La visita es parte de un proceso continuo de diálogo que tenemos con el gobierno peruano para coordinar las políticas de ambos países. Queremos entender lo que ha pasado con estas reformas para informarle a nuestro gobierno su significado”, explicó el embajador de los Estados Unidos en el Perú, Brian A. Nichols.
Sin embargo, la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) que representa a más de cien organizaciones internacionales que se oponen a ley, espera que Estados Unidos replanteé sus relaciones comerciales con el Perú.
“Esta visita es solo el primer paso”, dijo Julia Urrunaga, directora del Programa Perú de EIA. “El representante de Comercio de Estados Unidos debería tomar en serio esta ley y considerar los próximos pasos decisivos para garantizar que el Perú cumplirá con sus obligaciones en virtud del acuerdo de libre comercio firmado en 2006”, agregó.
Urrunaga aseguró que la Ley 30230 viola las obligaciones del Perú en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC), pues este estipula que las partes no deben promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones ofrecidas en sus respectivas legislaciones ambientales.
HABLA CASTILLA
Paradójicamente, en el marco del lanzamiento de la Semana del Financiamiento Climático de Lima, el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, principal cuestionado por la flexibilización de la legislación ambiental en el gobierno advirtió que la economía peruana podría caer entre 4% y 6% hasta el 2035 si no se ejecutan políticas para mitigar los efectos del cambio climático.
“Es falso el dilema de que un país no puede avanzar con un desarrollo sostenible y a la vez crecer económicamente. El desarrollo verde y responsable no es incompatible con el crecimiento económico”, indicó.
Destacó la importancia del tema financiero y la necesidad de que sea asumido, no solo por el sector público, sino como una alianza público-privada.
“Es necesario el financiamiento en tecnología y medidas de adaptación y mitigación, esto implica un costo que no solo debe ser asumido por el sector público, sino que avance en alianzas público-privadas, no se puede prescindir del sector privado para la agenda climática”, expuso Castilla.
Más fondos para el Minam
El ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, aseguró que dentro del presupuesto del 2015 se considerará un incremento sustancial para su cartera.
Señaló que con esta mejora del presupuesto se podrá hacer una buena intervención en los asuntos más urgentes, como la utilización de energía renovable y la reducción de emisiones de gas.
Destacó la importancia de las finanzas climáticas, pues “son un elemento central, entre muchos temas a enfrentar para un debate exitoso”.
Agregó que “no hay manera de resolver el tema ambiental sin crecimiento económico, pues el mayor enemigo de los bosques es el hombre”.
Para ello, indicó que es necesario establecer un nuevo modelo económico enfocado en los riesgos climáticos. “La única manera de desarrollo económico a largo plazo es solucionar el riesgo climático”, sentenció.
La República