Laureano del Castillo calificó de “pecado original” la falta de consulta a los pueblos nativos y consideró que la institucionalidad forestal en el país requiere ser fortalecida. Aquí la entrevista que concedió a ProActivo, el responsable del programa de Desarrollo Rural, Institucionalidad y Democracia del CEPES, en el marco del Seminario “El Derecho Ambiental en el Perú y Latinoamérica”, organizado por el Estudio Grau.
¿Qué motivó lo ocurrido en Bagua y qué opina sobre la reacción del Gobierno?
Tenemos que recordar que no es un problema de los últimos días. Digamos que el desenlace o la explosión recién se produce, pero es un tema que viene de muy atrás.
El antecedente inmediato de estas protestas se dieron en agosto pasado, en la región amazónica, por los decretos legislativos aprobados entre marzo y junio del 2008.
En ese momento, el Congreso logró la derogatoria de dos decretos que afectaban a las comunidades campesinas y nativas, y se quedó en constituir una Comisión que los revisara, pero el Congreso no cumplió con su parte que era discutir ese informe.
Entonces lo que se genera hace dos meses es una nueva protesta por incumplimiento de esos acuerdos, pero que en el fondo refleja desatención y desconocimiento de la realidad del mundo amazónico.
¿Hay responsables?
Creo que hay responsables. No son aceptables los hechos de violencia y menos aún con el saldo de dolorosas muertes de policías y nativos.
Fallaron varias partes. Falló el Ejecutivo en dejar que esto tuviera un desenlace después de más de 50 días de desatención. Por otro lado, la intransigencia de la dirigencia de los nativos en el planteamiento a fardo cerrado de la derogatoria de los decretos.
La cerrazón pudo más, y frente a una decisión y un planeamiento errado de las fuerzas policiales, terminaron en el lamentable saldo que conocemos.
Pero creo que se han dado pasos importantes en el Congreso, pues se aprobó la suspensión de este decreto. Espero que eso permita discutir serenamente qué cambiar y establecer en nuestra legislación.
¿La suspensión significa volver a la ley anterior?
La figura de suspensión de una norma jurídica y de una ley en concreto, no es común. Lo común es que una ley se aprueba y entra en rigor -de acuerdo a lo que dice la misma norma y a falta de precisiones en la ley- al día siguiente de su publicación.
Entonces, que se suspenda una norma es un hecho extraordinario y que se suspenda de manera indefinida es aún más extraño.
En la práctica se trata de una virtual derogatoria. ¿Por qué no se derogó? Creo que por razones políticas, por viabilizar un punto medio. Ni la derogo, ni la pongo en aplicación, ni doy un plazo muy breve.
La fórmula en el Congreso ha sido: Dejamos en suspenso (el D.L.1090) y mientras, para no generar un vacío jurídico, se aplica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre del 2000.
¿Es válido?
En términos formales es válido. La decisión es del Congreso. Recordemos que su función principal es aprobar leyes, derogarlas y modificarlas. El principio en derecho es que el que puede lo más, puede lo menos, si puede modificar y derogar la ley, puede dejarla en suspenso.
Lo que se ha hecho es viabilizar un momento indefinido.
¿Cuál es el aspecto positivo de esta suspensión?
Son varias cosas. Hay que reconocer que el 1090 desde el inicio fue objeto de muchas críticas, por parte de distintos sectores: nativos, gremios agrarios, ONGs y profesionales vinculados a la temática forestal. Pero recordemos que también en virtud de presiones, sobre todo de los Estados Unidos, se dieron las modificaciones inspiradas en el Tratado de Libre Comercio o Acuerdo de Promoción Comercial para ser más precisos.
Se hicieron modificaciones en octubre del año pasado y luego una adicional. Buena parte de sus aspectos negativos fueron corregidos con esta normativa, pero hay un defecto, una suerte de pecado original, que a estas alturas de nuestra historia no se puede ignorar: la vigencia del convenio 169 que manda que el Estado peruano siempre que dé normas que afectan a la vida y organización de las comunidades nativas, les consulten. Al no haber esas consultas se exacerbaron los cuestionamientos.
¿Cómo podría contemplarse esto en la nueva norma?
Hay que reconocer que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre del 2000 es una buena ley, en la que incluso se hablaba de concesiones y derechos de las comunidades nativas para aprovechar el bosque, y de bosques comunales. Creo que hay aspectos como ese que hay que rescatar.
Habría que ver cómo se avanza sobre la base de esta ley y qué agregados y mejoras se hacen, para dar más posibilidades a los pueblos indígenas en el mejor aprovechamiento de los recursos forestales y de sus territorios.
¿Cuál sería la principal mejora que requiere esta ley?
Uno de los aspectos principales, aunque creo que eso excede el marco legal, es lo relacionado con el fortalecimiento de la institucionalidad forestal y la necesaria dotación de recursos a dicha autoridad, para aplicarse lo dicho, sea en la ley del 2000, sea en la ley del decreto legislativo del año pasado. De lo contrario podemos tener una ley muy bonita, pero sin fortalecer la institucionalidad ni dotarla de recursos, poco podemos avanzar.
¿Qué recomienda para que se dé una legislación que esté dentro del contexto nacional?
La recomendación es que se trata de mejorar la ley y de discutir en torno a la mejor organización, y esto se daría por reconocer también a las instancias regionales. No podemos olvidar que estamos en medio de un proceso de descentralización. Hay que ver qué aspectos de la autoridad forestal se le delegan, aunque en la ley orgánica de los gobiernos regionales ya reconoce facultades a los gobiernos regionales en materia forestal.
Hay que crear también mecanismos de la sociedad civil y de las propias organizaciones nativas y, complementariamente con este reforzamiento institucional, tiene que haber recursos. De nada vale una buena ley o una buena autoridad, pero que no tiene los recursos para hacer estudios, para fiscalización, para supervisión y en general, para preservación de un recurso natural que es de todos los peruanos.
Estamos en presencia de distintos mecanismos que apuntan a lo mismo: La revisión de una norma que nació con un pecado original y que debía ser mejorada.
El momento es óptimo, pero eso supone también tener el ánimo de llegar a acuerdos, de respetar el derecho del otro, pero también que se nos respete el propio derecho. En Perú no tenemos mucha experiencia al respecto, pensamos, sobre todo cuando llegamos a las instancias de gobierno, que consultar y dialogar es sentarnos a que nos escuchen, y diálogo supone decir y escuchar al otro, no solamente para saber cómo lo contradecimos, sino para ver qué cosas son aplicables y no habíamos tomado en cuenta.
No debemos repetir hechos lamentables como los de la semana pasada y creo que deberíamos abrir no solamente los oídos, sino los corazones.
Acuerdos con nativos son vinculantes
“Estamos en el compromiso de la derogatoria de los Decretos Legislativos 1064 y 1090”, afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, el 15 de junio, tras afirmar que los pactos en la mesa de diálogo con las comunidades nativas serán vinculantes.
Simon Munaro, dijo que se unirán las bases para el desarrollo de toda la amazonía, pues sus problemas de fondo son la falta de salud, educación en su idioma, carreteras, y en general, mejores condiciones de vida.
“Los nativos son los olvidados históricos, no solo de este gobierno, sino de todos los gobiernos, tenemos que reivindicarnos como sociedad frente a ellos, no solo el gobierno, no nos podemos lavar las manos, el Perú tiene responsabilidad con la amazonía”, acotó.
“Hemos hecho lo que tenía que hacer todo buen peruano, hoy día en el Perú hay paz, tranquilidad, hay conversación, y va a permitir a todos conocer lo que significan las comunidades nativas”.
En la reunión participaron miembros de los gobiernos locales y regionales de la amazonía, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Miguel Cabrejos y el presidente de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza, Federico Arnillas, entre otros.
CIDH* condenó violencia en Bagua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “enérgicamente” la violencia que causó la muerte de unas 33 personas, entre ellas 24 policías, en Bagua, región Amazonas, y llamó a “promover un proceso de diálogo” para resolver el conflicto que enfrenta a los indígenas contra el Gobierno peruano.
Mediante un comunicado, el organismo adscrito a la OEA, recordó al Estado peruano, que “su obligación de esclarecer judicialmente estos hechos de violencia y reparar sus consecuencias”.
Asimismo, hizo un llamado a las partes a promover un proceso de diálogo para la búsqueda de una solución que respete los derechos humanos, a la par que expresó la importancia de “adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta”.
* La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Zavala: Perú reaccionó legalmente
El Gobierno peruano defendió ante la OEA su “ejercicio legal” durante los hechos de violencia y aseguró que realiza “todos los esfuerzos necesarios” para esclarecer los sucesos.
“El Estado peruano, ante una conspiración contra el sistema democrático, respondió con el ejercicio de las atribuciones que le reconoce la Constitución, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos comprometidos en estos lamentables actos”, sostuvo la embajadora peruana ante la OEA, María Zavala.
El Estado “realiza los esfuerzos necesarios para esclarecer estos trágicos hechos dentro del marco que corresponde a una democracia y a un Estado de Derecho”, remarcó Zavala, durante la sesión extraordinaria que celebró el Consejo Permanente de la OEA en su sede en Washington con motivo de los violentos sucesos.
“El gobierno del presidente Alan García utilizará los mecanismos, el diálogo y el marco legal para solucionar satisfactoriamente este impasse doloroso que hemos afrontado”, agregó la diplomática.