Según el economista Hernando de Soto, la formalización de mineros informales promovida por el Gobierno es un fracaso porque no logró su objetivo, considerando que el plazo venció el 17 de abril.
Refirió que se estima que son 300 mil mineros informales, pero solo 5 cumplieron con formalizarse.
Un análisis del Instituto Libertad y Democracia (ILD) señala que la formalización tarda 1260 días de trámites (a un promedio de 8 horas por día), con un costo de $87,849, lo que equivale a 13 veces el PBI per cápita de un minero informal. Es decir, es “imposible” de asumir por la mayoría.
Dijo que el Gobierno equivocó el enfoque del proceso de formalización. “El Estado inició un proceso en el que ni siquiera se definió qué es la formalización. Para usar un término generoso, lo que hizo fue una regularización”, precisó.
El ILD tiene un programa alternativo para formalizarlos, que entre otros puntos pide integrar a formales e informales “bajo un mismo derecho”; y crear una entidad especializada que trascienda el ámbito ministerial para que lidere el proceso tanto técnica como políticamente.
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Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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