Miguel Ángel Soto, asociado del Estudio Rubio Leguía Normand,
Por: Miguel Angel Soto, Asociado Principal en Rubio Leguía Normand.
Estamos entrando en un nuevo superciclo minero, donde diversos factores han generado un contexto de máximos históricos en los precios de minerales, que podría mantenerse en los siguientes años.
Esta coyuntura ha despertado el interés de inversionistas interesados no solo en minas operativas, sino también en proyectos en fases tempranas de exploración con miras a satisfacer demandas futuras. Sin embargo, el destino de esa inversión -que en 2020 se redujo en 30%- dependerá de la seguridad e incentivos que ofrezcan los países, por lo que en Perú nos encontramos en una competencia por atraerla.
En dicho escenario, nuestro país experimenta un proceso electoral donde las propuestas de los principales candidatos son diversas en cuanto al rol que jugaría la minería en nuestra recuperación económica. Sin embargo, logran coincidir -en su mayoría y con matices- sobre la necesidad de que sea ambiental y socialmente responsable.
Por un lado, tenemos posturas como las de Verónika Mendoza que, con cierta ambigüedad, proponen impulsar legislación específica para que los proyectos extractivos generen beneficios económicos para el país y los entornos poblacionales; o la de George Forsyth, que propone que las mineras reinviertan el 50% de sus utilidades en las regiones donde operan, que evidentemente afecta a la libertad de empresa. Ello, ciertamente, preocupa en tanto parten del presupuesto que la minería no estaría generando suficientes beneficios. Pero, realmente el problema radica en una inadecuada distribución e inversión por parte del Estado.
Es lamentable que el plan de gobierno del candidato que va primero en las encuestas -Yonhy Lescano- se limite solo a señalar que las grandes empresas mineras paguen una tarifa de agua técnicamente calculada, desconociendo que ello ya existe, u omitiendo indicar, en todo caso, cuáles son las fallas del actual sistema. Por otro lado, Rafael López de Aliaga propone la participación del Estado en la modernización de la minería, e impulsar la investigación geológica, lo cual es loable; mientras que Hernando de Soto presenta un resumen que en nada aborda la minería.
Sin embargo, nadie repara en valorar la percepción que tienen los inversionistas mineros acerca de nuestro país. La última Encuesta Minera 2020 del Instituto Fraser reflejó un descenso en diez posiciones de nuestro país en el ranking mundial sobre atractivo de inversión, y pasando al cuarto lugar en América Latina después de Colombia, Chile, y la provincia argentina de Salta.
En tal sentido, y partiendo de reconocer el efecto dinamizador de las inversiones mineras, es tarea pendiente lograr el destrabe de proyectos. Ello no supone, de ningún modo, relajar los estándares ambientales y sociales, sino implementar herramientas que promuevan la confianza y que optimicen las actuaciones administrativas.