El paro que acatan tres distritos de la provincia arequipeña de Islay en contra del proyecto minero Tía María cumple hoy 43 días.
Entre las pérdidas que han marcado la región –desde que estalló el conflicto– se encuentran: la muerte de un manifestante, que 2.800 escolares hayan perdido sus clases, y la producción casi arruinada de 6 mil hectáreas de arroz, consecuencia del abandono de las chacras. En otro extremo, las pérdidas sociales: inseguridad, vulneración del principio de autoridad y desconfianza en una solución por la vía del diálogo.
Según la Defensoría del Pueblo, el caso de Tía María resume el problema que persigue al país en los últimos 10 años: crisis social por falta de previsión y de comunicación con el Estado. Estas cifras coinciden con las de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que en el último año logró poner paños fríos a 41 discrepancias.
Pese a que la mayoría de conflictos tiene origen en temas socioambientales o por falta de límites oficiales, todos –según observa el sociólogo Víctor Caballero Martín, ex jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la PCM– tienen la particularidad de extenderse hasta por 20 años. “Tía María, por ejemplo, tiene un origen más lejano al conocido, en el 2009. Curiosamente, se desencadenó por una disputa entre las regiones de Moquegua y Arequipa por el acceso al agua”, asevera Caballero.
De acuerdo al reporte de marzo de la Defensoría del Pueblo, hay 155 conflictos sociales activos y el 74,1% corresponde a problemas de corte socioambiental, en los que la población teme a la contaminación. Luego siguen conflictos por ambigüedad de límites o falta de demarcación territorial (16,7%) y discrepancias con gobiernos locales, en los que hay rechazo a las autoridades por presunta corrupción. (9%).
De los 115 conflictos socioambientales activos o latentes, el 66,7% corresponde a conflictos relacionados con la actividad minera. Los de mayor duración están en Cajamarca y Arequipa.
En tanto, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que hay 43 conflictos urgentes. Tienen que ver principalmente con minería, hidrocarburos y minería informal.
El Comercio