Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo (Andina)a
El defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, instó hoy a la calma y a que no se incurra en actos de violencia durante el anunciado paro macrorregional previsto para este miércoles y jueves, en apoyo de los pobladores que protestan contra del proyecto minero Tía María, en la provincia de Islay, Arequipa.
Vega pidió que se respeten los derechos de las personas que no se sumen a esta medida, evitando cualquier acto de hostilidad o agresión que genere un ambiente de confrontación que afecte la vida, la integridad y la tranquilidad.
Diversas organizaciones anunciaron que acatarán la referida paralización en regiones como Moquegua, Tacna, Ayacucho y Cajamarca, lo que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, amplía el escenario de riesgo para la población por los posibles actos de violencia que pudieran generarse, como ocurrió en Islay.
Los disturbios en dicha provincia arequipeña han dejado a la fecha cuatro muertos y 94 refugiados en la ciudad de Arequipa; además de actividades paralizadas, clases escolares suspendidas, desbastecimiento, etc.
“Los niveles de violencia a los que se ha llegado son inaceptables. Esperamos que las relaciones se puedan reconstruir entre todos los actores, lo que permita reiniciar el diálogo”, señaló el defensor del Pueblo.
De igual modo, formuló un llamado a las fuerzas del orden a fin de actuar dentro de la ley, privilegiando las acciones disuasivas y de inteligencia, recordando que el uso de la fuerza se debe aplicar de forma proporcional, racional y necesaria.
En ese marco, recordó que de acuerdo con los principios de Naciones Unidas las armas letales solamente se utilizan en caso de que la vida del policía o la de terceras personas esté en peligro.
Islay en emergencia
La Defensoría reiteró que en Islay, provincia que se encuentra en estado de emergencia, están suspendidos los derechos de reunión y tránsito, por lo que no se podrá participar de acciones colectivas de protesta a través de marchas por calles o carreteras ni concentraciones en plazas públicas.
“Sería una situación muy crítica si algunos grupos desafiaran el estado de emergencia. La Policía debe estar preparada para una circunstancia así, considerando en todo momento el respeto de los derechos”, advirtió el adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, Rolando Luque.
La Defensoría ha previsto que sus oficinas en las regiones que se unirían al paro se mantengan en alerta permanente y tengan reuniones con autoridades, a fin de evaluar la situación y actúen de inmediato en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales.
Andina