Fernando Gala actualizará la legislación ambiental

La solución al problema de Doe Run es el principal reto que tiene el actual Viceministro de Minas, Fernando Gala Soldevilla. En entrevista con ProActivo, dejó entrever que para este caso, someterse al proceso concursal de Indecopi, podría ser la solución. Agregó que otro problema relevante es el de minería informal, pues hasta la fecha el propio ministerio desconoce el número de trabajadores en este subsector.

Usted lleva las riendas de un subsector clave en la economía nacional. ¿Qué planes tiene?
Creo que la política que sigue el Estado es básicamente de lucha contra la pobreza. Los que creemos en la minería responsable, sabemos que genera recursos para disminuir la pobreza si son empleados, entonces ¡hay que promover la actividad minera!
Ahora, ¿qué implica la promoción minera? No es solo sacar unos libros y mostrar proyectos. Desde mi concepción y bajo el panorama actual, es dar a conocer de forma didáctica a las comunidades qué implica la minería moderna, qué es una concesión con permisos y qué una concesión sin permisos.
Los últimos sucesos que vimos en Cusco, en Canchis y en otras zonas, muestran un total desconocimiento de lo que es la actividad minera, las comunidades no pueden distinguir lo que es una concesión minera con títulos pero sin permisos, de aquella con títulos y con permisos. Al final, una concesión minera sin permisos es informal y no puede operar, aunque tenga el título.
Si queremos promocionar la actividad minera, ya no es hora de ir al extranjero. Antes se decía hay que convencer a los canadienses, a los norteamericanos. Pero ¡primero convenzámonos a nosotros de la importancia de la actividad minera! Si los peruanos no estamos convencidos, ¿de qué promoción hablamos?
Entiendo que esto ha sido por la lejanía del Estado con las poblaciones alejadas, por eso tendremos que acercarnos de alguna forma. Desarrollaremos talleres de capacitación in situ, haremos folletos en quechua, traeremos a los comuneros, estaremos con ellos el tiempo que sea necesario, para explicar en forma transparente lo que es la actividad minera responsable. Esa es la principal tarea.

¿En qué plazo se realizaría?
No es una tarea sencilla. Creo que hasta fin de año debemos haber avanzado bastante e invoco el apoyo de otras instituciones, pues el ministerio (de Energía y Minas) por más esfuerzo que haga, posiblemente no tenga todos los brazos para cumplir a cabalidad esta función.
Pediremos colaboración del Instituto de Ingenieros de Minas, del Capítulo de Minas del Colegio de Ingenieros y cualquier otra institución que comprometida con la actividad minera responsable. Tal vez esa es la tarea principal en lo que queda de este año.

¿Y sobre minería artesanal?
Hay tareas a mediano plazo que debemos comenzar a realizar, como el tema de la minería informal. Ese es otro gran problema. Se estima que son 500 ó 600 mil, ni siquiera sabemos cuántos informales hay en el todo el país, entonces, identificar cuántos son, a qué se debe la informalidad, dónde están ubicados y qué se requiere para formalizarlos, será un gran avance.
La pregunta sería ¿se formalizará a 600 mil mineros en poco tiempo? Por supuesto que no, pero si se logra avanzar un 10 por ciento en un corto plazo, es bastante.
Para eso, como ministerio, estamos por suscribir un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para tener un programa de formalización que apoyaría a los gobiernos regionales, porque ellos tienen la función. Los apoyaremos para que esto se cumpla lo más rápido posible. Este sería el segundo aspecto importante.
La tercera tarea, prevista en el corto plazo, va ligada a la regionalización.
Las regiones tienen la función de promover, otorgar títulos y fiscalizar a la pequeña minería, la minería artesanal, inclusive la informal, pero somos concientes de que les falta fortalecimientos.
Se han transferido funciones, pero no capacidades, ni recursos, entonces los apoyaremos el tiempo necesario hasta que alcancen las fortalezas debidas.
No hay que descuidar tareas, como la revisión de la legislación, para que sea competitiva a nivel regional por lo menos.
Nuestra legislación data del año 90 y existen nuevos dispositivos, como la Ley del Ambiente. Sin embargo, aún no hemos actualizado nuestro Reglamento sobre Protección del Medio Ambiente (D.S. N° 016-93-EM). Hay que compatibilizarlo con la Ley del Ambiente.

¿Tiene un plan de trabajo para la actualización normativa?
Queremos ser transparentes. Lo que decidimos es que cualquier norma que quiera sacar mi sector, será prepublicada en la página del ministerio para recibir opiniones; así nadie nos dirá que ha sido sorprendido o que no se le consultó.
No consideramos que somos genios en el tema. Las empresas, la sociedad civil, todos pueden opinar. Esa es la mejor manera para que pueda durar mucho, no quiero apurarme a sacar normas, sino que las normas salgan bien.

¿Respecto al tema de Doe Run?
Ese tema es una isla dentro de todo esto, porque cuando alguien me preguntaba cómo ha sido el cumplimiento de los programas de adecuación de las empresas mineras, todas han cumplido demostrando una gran responsabilidad en el tema ambiental.
Entiendo que el PAMA de las fundiciones era mucho más complicado y solamente hay una empresa que no lo ha cumplido. Esperamos que dentro o fuera del proceso concursal, esto se cumpla en el más corto plazo.

Es imposible que se cumpla en el plazo fijado por ley.
Efectivamente, es imposible. Entonces busquemos que se cumpla en el más corto tiempo posible. Mi sector fue muy claro en fijar las condiciones para analizar o viabilizar una posible ampliación. Queremos que esta vez, en caso se llegue a ampliar el PAMA, se cumpla y ya no se vuelva a una cuarta ampliación. Pensamos que 30 meses es demasiado tiempo.

¿Cuánto tiempo lo ampliarían? y ¿cuáles serían las condiciones del Estado?
El tiempo máximo hay que analizarlo en virtud a lo que le falta a la empresa. Cuando anunció que iba a paralizar el PAMA, en diciembre del 2008, dijo: ‘voy a paralizar el proyecto PAMA porque no tengo los recursos suficientes, por la crisis financiera’.
Si contamos de diciembre del 2008, hasta octubre del 2009, que es cuando acaba contractualmente el PAMA, faltan 11 meses, o sea la empresa no había dicho que no acabaría el PAMA, el tiempo máximo que podía indicarse según eso sería 11 meses.
Además, Osinergmin, que es el órgano fiscalizador, nos ha comunicado que faltan 7 meses para acabar el proyecto, más 2 meses de reinicio de obra de construcción, o sea máximo 9 meses.
Hay que ver también otras aristas, pero el principal problema surge porque la empresa no tiene recursos frescos.
Cuando usted me preguntaba las condiciones que exigiría el ministerio, la pregunta es ¿dónde está la plata con la cual se hará el proyecto? No sé si aportes frescos o préstamo de alguien. Por eso pediremos que esta plata se ponga en un fideicomiso y queremos verla allí para que con ella se pueda realizar el proyecto.

La empresa ha manifestado que primero necesitan la ampliación para obtener el financiamiento.
Efectivamente, pero dicen: ‘dame 30 meses, 40 meses o dame libre y después voy a buscar’; y nosotros decimos al revés: ‘en todo caso ¿usted ya se acercó al banco a pedir financiamiento? Quizá sí. Entonces, tráiganos las cartas de los bancos que digan les daremos financiamiento si previamente el ministerio da una carta. Si nos traen esa carta, la analizaremos y le entregamos la carta a los bancos, pero hasta ahora no tenemos nada de la empresa.

No entregaron ninguna carta.
Eso fue lo último que quedamos con la empresa. El tema financiero no es nuestro, es de ustedes, tienen que ir a los bancos y si el banco le dice no, primero amplía, ¿dónde está la carta del banco que dice que primero ampliemos?
De alguna forma este tema es de credibilidad y cuando una empresa incumple el PAMA dos veces, ha perdido cierta credibilidad.
De allí nace la segunda estrategia del Estado que es: dame garantías para viabilizar una posible ampliación para que en el caso que tú no lo hagas, con la garantía alguien lo pueda hacer, y así evitar algún plan de una ampliación más.
Inicialmente le pedimos las acciones, ‘dame las acciones, si tú no lo haces me quedo con la empresa y el Estado ejecuta el PAMA y sigue funcionando La Oroya’.

¿Sería para el Estado un buen negocio quedarse con La Oroya y ejecutar el PAMA?
No, la intención del Estado no es quedarse con las acciones, por eso cuando la empresa dice ‘no podemos dar las acciones porque estas acciones nos servirán para levantar financiamiento’, somos totalmente flexibles porque al Estado no le interesa tener la empresa. Dijimos, esta bien, ya no te pido acciones, dame otra garantía o dame la segunda prenda de las acciones. La empresa dice no, necesito primero ver qué pedirán los bancos y después ver qué garantía les puedo dar a ustedes. No hay respuesta firme.
Asumamos que le ampliamos lo que dice la empresa, no le pedimos ni financiamiento, ni garantías, entonces el punto es ¿ha arreglado con los proveedores? Si no hay ampliación y no hay insumos para el proceso productivo ni para los concentrados, no hay operación y que yo sepa no hay acuerdo con los proveedores.

¿Cuánto es la deuda con los proveedores?
Se estima 110 millones de dólares. La situación financiera de la empresa es complicada, debe 110 millones y 156 millones a su principal accionista.

A la propia Doe Run.
Sí, figura un pasivo de la empresa. Si sumamos 156 más 110 estamos hablando de 260. Digamos, más los 155 que le falta para acabar el PAMA, según afirma la empresa, entonces hablamos de casi 400 millones de dólares.
¿La empresa tiene la capacidad para conseguir ese monto? Pensamos que no, por eso la primera exigencia del Estado fue, ‘esa deuda que tienes con tu accionista, capitalízala, sácala de deuda y ponla como patrimonio’, con lo cual mejora la cara de la empresa y es más viable conseguir financiamiento.
Todavía no se ha viabilizado esa capitalización de deudas que la empresa dijo que haría.

¿En caso que la empresa no resuelva, qué ocurrirá?
Tenemos que hacer cumplir lo que dice la ley, y dice que previa verificación de Osinergmin de incumplimiento del PAMA, se procede al cese de operaciones o cierre de instalaciones vinculadas al PAMA.
No es cerrar la empresa, porque (la mina) Cobriza no tiene nada que ver con esta operación. Vimos que lo que falta es el proyecto PAMA, circuito de cobre, entonces se cierra todo lo vinculado a ese proyecto.
Es un tema técnico porque habría que ver si solamente puede operar el circuito plomo y zinc, y no el de cobre. Aparentemente no, según los técnicos todo está integrado. Es un tema que Osinergmin tiene que examinar.

¿Qué hace el Estado con una planta paralizada y que no le pertenece?
La norma dice cierre de operaciones, o sea no puede operar. No dice quitarle los activos, que siguen siendo del dueño.
La empresa tendrá que buscar una solución, nuevos socios y si ahora ratifica el ingreso a Indecopi, entiendo que la junta de acreedores buscará la mejor solución.
A lo mejor la empresa recapacita y pone un aporte fresco, llega a un acuerdo con los proveedores y el tema se soluciona. De repente Indecopi puede ser una buena vía.

¿Qué solución daría Indecopi?
Está en la legislación concursal. Una vez formada la junta de acreedores, pueden tomar dos decisiones: liquidar la empresa, que significa vender los activos y con ello pagar sus deudas; y la otra alternativa, creo es lo que la mayoría desea, es que la empresa se reestructure y se determine cómo se llevaría a cabo el pago de las deudas a los acreedores. Ya no bajo la dirección de la empresa, sino bajo la decisión de los acreedores, quienes evaluarán los estados financieros y el cronograma de pagos para aprobarlo, de tal manera que todos tienen que aceptar ese mecanismo. Y el tema del PAM que camina de la mano. Así la empresa esté en Indecopi, no podríamos dejarla operar sin que nos diga cómo solucionará el PAMA.

¿Presentarse ante Indecopi puede postergar el cumplimiento del PAMA?
Mucho depende qué decidan los acreedores y hay que ver también si la deuda al Estado -que es el PAMA- se considera también un pasivo. Nosotros vamos a presentarnos por supuesto.
Ya nos dirá Indecopi si procede o no, porque hay opiniones divididas, algunos dicen que como es deuda de proyectos y no es deuda bancaria, no forma parte; otros dicen que sí, que se monetice, que se convierta en dinero y por lo tanto sí se incluye.
Nosotros nos presentamos y nos dirán sí o no; pero igual así se arregle la empresa, exigiremos el cumplimiento del PAMA.

¿El ministerio contratará asesoría externa para su defensa?
Por supuesto, para hacer las cosas bien. Creemos que La Oroya es una planta estratégica, porque allí se tratan muchos concentrados que no serían admitidos en otra fundición, genera valor agregado, genera 3.500 puestos de trabajo. Creemos que tiene una importancia económica dentro del país.

Incluso que salgan los minerales como concentrados, reduce el monto tributario.
Exacto. Menor impuesto, la empresa gana menos, porque recibe menos plata y el Estado gana menos impuestos, todos perdemos, a nadie le conviene.
Incluso, por más que los proveedores digan ‘no necesito a Doe Run porque estoy exportando directamente’, eso es falso porque están perdiendo dinero y el Estado también.
Habrá que encontrar una solución de todos modos, no queremos pensar en un cierre de La Oroya, no lo vemos así. La solución es complicada, pero hay que buscar una salida.

¿Confía en encontrarla?
Sí. Sino no estaría acá.