Agricultores valle del Tambo. Foto: Correo
Convocatoria. La medida de fuerza será acatada el 11,12 y 13 de mayo para exigir al Gobierno el retiro definitivo del proyecto. Para autoridades, el paro es calificado de imprudente en medio del Foro APEC y en posible debate presidencial.
Las declaraciones del presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha, encendieron la pradera. El funcionario señaló que insistirán en sacar adelante Tía María. El proyecto minero, consistente en explotar dos tajos de cobre en el desierto de Islay, espera la licencia de construcción del Gobierno. La respuesta a González la dieron los agricultores que rechazan Tía María por temor a la contaminación.
El último martes por la noche, acordaron retomar las protestas. Programaron un paro de 72 horas para los días 11, 12 y 13 de mayo.
Esta vez, la presidenta de la Junta de Usuarios de Riego de Mollendo, Mejía y La Ensenada, Marilú Marroquín, mantuvo su posición radical. Dice que los agricultores acordaron pedir al Gobierno Nacional el retiro definitivo del proyecto cuprífero y la declaratoria de intangibilidad del terreno concesionado a Southern para sus operaciones mineras. No aceptarán imposiciones.
Reacciones
El alcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra, llamó a la tranquilidad y buscar el diálogo, pero la dirigenta del valle manifestó que los agricultores ya no quieren diálogo ni una consulta popular, tal como lo propuso el alcalde de Islay, Richard Ale.
Zegarra calificó la protesta como política y pidió no seguir el juego. En tanto, los congresistas electos por Arequipa tienen posiciones divididas.
Horacio Zeballos sostuvo que las declaraciones de González Rocha fueron una provocación. Mencionó que el problema que tiene actualmente el valle es porque fueron engañados. Para él, Tía María no va.
Por su parte, la congresista electa, Alejandra Aramayo, sostiene que en estas circunstancias el proyecto minero no debiera ejecutarse. Pidió escuchar a la población para dar solución al conflicto.
Por otro lado, el virtual congresista Sergio Dávila recomendó revisar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y esperar al cambio de Gobierno, pues considera que no se puede sacar adelante un proyecto donde el 80-90 % de la población lo rechaza.
Ana María Choquehuanca también es de la idea que el proyecto debe revisarse, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente. Ella considera que las declaraciones que hizo González Rocha están dentro de su legítimo derecho, pues responden a los intereses de su empresa.
La República