Por: Sergio Vega-León, Socio de asesoría en Impuestos y Legal de Deloitte Perú
Recientemente, en un evento organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el Ministro de Energía y Minas señaló que dicho concepto comprende distintos objetivos o ejes, desde provocar movimiento económico a través de proveedores locales y tener acceso libre a infraestructura para los habitantes del entorno, hasta generar un flujo neto positivo en la contribución de impuestos, con un régimen laboral en cumplimiento de las directrices de la OIT respecto de la contratación de trabajadores locales en puestos que impliquen la toma de decisiones. El concepto, además, según lo indicado por el Ministro, involucra la adaptación a la cultura, a las características del entorno y el cuidado del medioambiente, en lugar de imponer el estilo metropolitano de conducta.
El Ministro de Energía y Minas también ha señalado que su sector está trabajando en una nueva ley general de minería.
Por otro lado, el Ministro de Economía anunció que nuestro país recibirá asesoría del FMI y del Banco Mundial para la reforma tributaria del sector minero, con el propósito de elevar las tasas impositivas para los tramos más altos de los márgenes de ganancias de las compañías de dicho sector en épocas de auge en los precios de los metales. Ello, en el marco del pedido de facultades legislativas que el Poder Ejecutivo estará presentando en los próximos días al Congreso de la República.
El régimen minero, en general, y la interacción de los inversionistas privados con el Estado y con las comunidades aledañas del proyecto, en particular, pueden ser susceptibles de mejoras que tengan como fin último contribuir a elevar las condiciones de vida de la población. El punto es el cómo.
Una reforma radical y un exceso de regulación e intervencionismo en el sector seguiría mermando la competitividad del país, reduciendo los niveles de predictibilidad y de seguridad jurídica con un solo resultado: ahuyentar la inversión en lugar de promoverla. Por otra parte, la inacción nos llevaría a continuar con los altos niveles de conflictividad social y de incertidumbre actualmente presentes, lo cual también perjudica la inversión.
Tiene que haber un punto medio, que mantenga lo que nos hizo competitivos en el pasado, como la estabilidad jurídica, el régimen impositivo, la flexibilidad en la contratación de los trabajadores y una menor intervención estatal, pero mejorando, la distribución de los recursos que genera la actividad minera, como los criterios de distribución del canon, y la capacidad de gestión de nuestras autoridades.
Todo ello a efectos de reducir la brecha de desigualdad.
La pregunta es, entonces, ¿cuántos de los ejes y objetivos mencionados por el Ministro en torno al concepto de rentabilidad social podrían resolverse haciendo modificaciones en el régimen del canon minero?
Sin considerar una reforma fiscal, la recaudación tributaria minera este año batirá récord en nuestro país, efecto que se extenderá a los recursos que se reparta a los gobiernos regionales y locales derivados del canon minero.
Fuente: Gestión