El expresidente de Bolivia, Evo Morales, es una suerte de consejero del gobierno de Pedro Castillo y el principal promotor para replicar el fallido modelo que implementó en su país. La renegociación bajo amenaza del contrato para la exploración y explotación del gas de Camisea es el primer paso. Pero para entender las implicancias es necesario conocer cómo funcionó la “nacionalización” de hidrocarburos en Bolivia.
Morales no necesitó expropiar empresas o confiscar bienes. Lo que hubo fue un radical cambio en el marco legal del sector hidrocarburos. En 2005, al término del gobierno de Carlos Mesa, se aprobó una nueva ley de hidrocarburos que permitió que el Estado pase a recaudar al menos el 50% del valor de la producción de hidrocarburos y se estableció un Impuesto Directo a los Hidrocarburos de 32% adicionales a las regalías del 18% que el sector pagaba.
En 2006, con Morales en el poder, se hizo efectiva la nacionalización de empresas vía un decreto supremo que dispuso la transferencia al Estado de “la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de los hidrocarburos”. Así se ‘renegociaron’ 44 contratos y, en la práctica, significó el pago de millonarias compensaciones. Fue un esquema de renegociación forzada similar a lo que plantea el gobierno de Castillo.
Entre 1982 y 1985, Bolivia experimentó un proceso inflacionario, por lo que se dieron políticas de estabilización y liberación económica. Cuando Morales llega al poder, Bolivia llevaba 20 años de crecimiento continuo y el Banco Mundial le condonó una deuda de US$1,500 millones. A esto se sumó el “boom de las materias primas” que incrementó el precio de metales, hidrocarburos y derivados. El precio promedio del gas natural que Bolivia exportaba se multiplicó por cinco entre 2004 y 2014. Las inversiones que el sector privado realizó antes de la renegociación permitieron atender el incremento de la producción. Las exportaciones bolivianas de hidrocarburos aumentaron 700%, al pasar de US$815 millones a US$6,595 millones.
Los hidrocarburos fueron la principal fuente de financiamiento del Gobierno y Evo Morales se atribuyó los créditos, pero con los años y sin nuevas inversiones privadas en el sector, los recursos y el modelo se agotaron.
Las consecuencias se ven con los años
El exceso de ingresos fiscales en Bolivia se usó para implementar esquemas de transferencias monetarias: bonos, programas sociales, aguinaldos dobles, aumento del salario mínimo, incremento de la planilla estatal, etc. Todo con fines políticos. Pero, como todo ciclo de bonanza de materias primas, se acabó y los precios internacionales cayeron. Bolivia no logró la prometida industrialización. Sigue siendo una economía primaria exportadora; incluso, hoy es más dependiente de los ingresos del sector hidrocarburos.
Así, el país agotó sus excedentes y entre 2014 y 2019 acumuló un déficit fiscal promedio de 6.8% del PBI e incrementó sus niveles de deuda, que alcanzaron un 50% del PBI.
El sector también tuvo efectos. Solo creció 1% entre 2008 y 2020, pues el Estado no hizo nuevas inversiones en exploración ni explotación y las inversiones extranjeras pasaron de 6.5% a 2.6% del PBI. El milagro boliviano nunca fue tal.
Cuidado con el espejo en el que nos miramos
En Perú, el discurso, las medidas y la polarización pueden ser utilizados para ganar el debate político. Pero la caja fiscal y la crisis económica por el COVID-19 nos colocan en un contexto en el que las consecuencias serían muy perjudiciales para los peruanos.
“No se puede permitir que el discurso político populista controle el debate nacional. Se deben plantear alternativas viables para defender las causas”, dice el economista boliviano Gonzalo Chávez. Para ello urge un diagnóstico sin tinte ideológico y con sustento técnico.
Fuente: Perú 21