Ola de agresiones se desata ante inacción del gobierno. La tregua en Aquia (Antamina) se logró el martes y ayer se firmó un acta con la empresa, pero durante las protestas quemaron oficinas, vehículos, el grifo y el comedor
Las protestas y el bloqueo de carreteras contra empresas del sector minero y agroindustrial han ido escalando en las últimas semanas hasta el punto de registrarse actos de violencia como la invasión e incendio de instalaciones.
Así, la ausencia de respuesta inmediata de parte del gobierno de Pedro Castillo deja en evidencia la falta de preocupación por las inversiones en el Perú, por cómo se afecta la economía y la falta de respeto hacia el estado de derecho.
ANÁLISIS
Para Daniel Palomino, socio del área de Energía y Minas del Estudio Muñiz, el gobierno tiene un manejo inadecuado sobre el mensaje que debe dar a los inversionistas en minería. “La minería es una de las actividades económicas más importantes en el Perú (…). Lo que se está viendo es una inadecuada incomprensión de lo que es el Estado de derecho”, precisó.
En diálogo con Correo, el abogado explicó que en el país las normas son claras respecto a la operatividad de una compañía minera. Es decir, si esta quiere ejecutar un proyecto, debe obtener todas las licencias y autorizaciones.
“El gran tema es que estamos viendo que una compañía (Antamina) pese a tener todas las autorizaciones, ve en riesgo su proyecto si es atacada por una organización social promovida por agentes antimineros u otros intereses”, afirmó.
Palomino consideró imperativo que el gobierno “haga prevalecer el Estado de derecho”, pues el mensaje que se da al exterior es trágico.
Sobre la paralización de operaciones de la empresa minera Antamina también se pronunció el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, quien señaló que los actos de violencia afectan la forma en que observan al Perú para futuras inversiones.
“Está afectando la percepción del país en cuanto a inversiones futuras. No se justifica en ningún caso la violencia. Obviamente no es la mejor noticia para las empresas mineras”, dijo Velarde tras jurar como titular del BCR por cinco años más. Agregó que es muy pronto para analizar las consecuencias que podrían traer estos actos para el país.
ATAQUES
Los actos de violencia hacia diferentes empresas se han masificado en las últimas semanas. Por ejemplo, el 29 de octubre, un grupo de desconocidos incendió un camión-cisterna en medio de las protestas que acataba la comunidad de Aquia en Áncash en contra de la minera Antamina. Además, en la protesta también fue afectada la minera Brea-pampa, pues se dañaron oficinas y dormitorios en las instalaciones, productos de las rocas lanzadas por los manifestantes.
Cabe precisar que esta medida se levantó el pasado martes, luego de que una comisión del Ejecutivo viajara para acordar una tregua y ayer se firmara un acta de compromiso entre los comuneros y la minera.
El mismo viernes 29, manifestantes invadieron e incendiaron las instalaciones de la empresa minera aurífera Apu-
mayo. Fueron alrededor de 500 personas las que ingresaron a Apumayo y causaron destrozos y actos de pillaje. Entre los bienes quemados hay oficinas administrativas, vehículos, el grifo, el comedor y la planta de procesamiento. Además, se cortó el fluido eléctrico y se robaron bienes, incluidos explosivos.
Mientras que la compañía Buenaventura presentó una solicitud el mismo día para la suspensión temporal de sus actividades de extracción y procesamiento en la mina de Uchucchacua, esto debido a que la comunidad local inició una huelga.
El último domingo se registró también un incendio en los terrenos de la empresa Caña Brava, en el distrito La Huaca, en Paita (Piura). El hecho es materia de investigación pero se extendió por varias horas y afectó a la población. Caña Brava, del Grupo Romero, se dedica a la plantación y cosecha de caña de azúcar.
Fuente: Correo