Auditoría, que incluyó a 12 países de América Latina, destaca que el Perú es un referente por ser el único que provee un presupuesto específico a la remediación de PAM.
El Perú fue reconocido internacionalmente como el único país de América Latina que cuenta con un presupuesto dirigido a la remediación de pasivos ambientales mineros (PAM), por el estudio del Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), realizado entre los años 2019 al 2021 y que fue divulgado esta semana.
El estudio evaluó con un enfoque regional el manejo integral de PAM y concluyó que, “salvo Perú, que provee presupuestos específicos a la remediación” de los pasivos, ningún otro país de América Latina cuenta con instrumentos financieros orientados a su gestión.
Asimismo, destacó que nuestro país, junto a Ecuador y México, son los únicos que ejecutan acciones correctivas, y advierte que el resto de países solo orienta sus políticas públicas “a la prevención de nuevos PAM, pero no se hacen cargo de los existentes”.
El Minem informó que, a la fecha, hay 23 proyectos de remediación encargados a la empresa Activos Mineros, de los cuales siete han sido culminados, en beneficio de comunidades de Cajamarca, Lima, Junín y Cerro de Pasco.
El estudio se desarrolló mediante una auditoría que reunió a 14 entidades fiscalizadoras de 12 países que fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, República Dominicana.
El trabajo tuvo como ejes los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 12 y 15, para determinar si los gobiernos cuentan con una gobernanza para los PAM y con mecanismos para su manejo integral.
La auditoría internacional remarcó que los países deben mejorar las estrategias sobre la gestión de contingencias, emergencias o desastres relacionados con los PAM, y los mecanismos de participación ciudadana para que sean más activos.
En tal sentido, el estudio recomendó a los países participantes que generen instrumentos para mitigar o eliminar riesgos significativos, que definan políticas y estrategias que fortalezcan los mecanismos para el seguimiento de los ODS, que generen marcos regulatorios y asignen recursos específicos para la remediación, entre otros.