Por Asociación de Contribuyentes
El último reporte de la Defensoría del Pueblo, publicado en marzo, da cuenta de 203 conflictos sociales: 157 activos y 46 latentes. La mayoría de estos se concentró en la segunda mitad de 2021 en torno a la minería, que el gobierno de Pedro Castillo ha sido incapaz de conciliar o resolver en casi nueve meses de gestión, según un análisis de la Asociación de Contribuyentes.
Estimaciones del Banco Central de Reserva (BCR) revelan que las protestas le habrían costado a la minería unos 2.3 puntos porcentuales de crecimiento en 2021. Es decir, la actividad minera, que avanzó 9.7% el año pasado, se hubiera expandido 12% sin conflictos sociales.
De acuerdo con cálculos del Instituto Peruano de Economía (IPE), esto significa S/1,500 millones en pérdidas el año pasado para la minería, que es el motor de la economía nacional. En los últimos 10 años, esta actividad aportó casi el 9% del PBI, el 59% de las exportaciones, el 15% de la inversión privada y el 10% de los ingresos tributarios. Esto significa también menos ingresos para las regiones para el cierre de brechas sociales y menos empleo, en un contexto de súper ciclo de precios de los metales.
A esto se suma que la incertidumbre política interna ahuyenta las inversiones en el sector y que los conflictos mineros son cada vez más violentos y radicales, porque se destruye propiedad pública y privada, se impide el libre tránsito de la gente y se pone en riesgo la salud e integridad de personas ajenas a la movilización, y todo en nombre del “derecho a la legítima protesta”, con lo que se busca justificar acciones ilegales.
El gobierno, además, no ha tenido la capacidad de dirimir los conflictos sociales, porque parece que no entiende la naturaleza de un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas necesitan conciliar sus demandas e intereses en estricto respeto a las normas y las leyes que rigen en el país. Para ello se necesita una autoridad con liderazgo y credibilidad, reglas claras y una intermediación oportuna.
Rolando Luque, adjunto de la Defensoría del Pueblo para la Prevención de Conflictos Sociales, confirma que no hay capacidad técnica en el Gobierno para afrontar esta situación, porque se desmontaron equipos afianzados en estos temas y con experiencia para dialogar y buscar soluciones. “Aquí se están sumando (…) las consecuencias de la inestabilidad política, el deterioro de la administración pública y la pérdida de personal calificado”, apuntó.
El potencial minero del Perú está en riesgo
En medio de la creciente conflictividad social en minas como Cuajone (Moquegua) y Las Bambas, las dos principales productoras de cobre en el país, hay datos que evidencian el progresivo agotamiento de recursos en algunas minas del país y la imposibilidad de poner en marcha nuevos proyectos.
La inversión en exploración minera sumó US$326 millones en 2021, un tercio menos que en 2012, durante el anterior superciclo de precios de los metales. Según el Ministerio de Energía y Minas, para el 2022 hay proyectos de exploración por US$586 millones, una cifra muy por debajo a la cartera estimada a finales de 2011, de US$26 mil millones, mientras que el BCR estima una caída de la inversión minera de 15% hacia el 2023.
El nuevo foco de las protestas antimineras está en el corredor sur, donde la actividad minera provee casi el 70% de los ingresos de las regiones de esta zona, y la cercanía de las elecciones regionales y municipales de octubre puede provocar que la situación se desborde.
Fuente: Perú 21