Por Augusto Cauti (Abogado, consultor internacional y exviceministro de Minas)
Durante el 2021, la importancia del sector minero para el Perú se ha ratificado. En una coyuntura internacional de crisis generada principalmente por la pandemia del Covid-19, los datos últimos sobre el impacto del sector en la economía nacional resultan contundentes: 10% del PBI nacional, 63% de las exportaciones totales, 16% de la recaudación fiscal, 6% aproximadamente de la PEA formal (más del 10% si se incorpora a toda la cadena de valor), 5,238 millones de dólares en inversiones ejecutadas (en forma descentralizada) y encima de los 6,600 millones de soles en transferencias a las regiones con producción minera (cifra que incluye canon, regalías, derechos de vigencia y penalidades).
Un ministro cada 62 días
Sin embargo, la inestabilidad e incertidumbre política, sumada a la conflictividad social, vienen minando el potencial de desarrollo del sector en perjuicio de las inversiones, la recaudación fiscal, la estabilidad económica, el empleo y, especialmente, el desarrollo y bienestar de las personas en los lugares tan descentralizados, como remotos, en los que se lleva adelante la actividad minera.
Así pues, en lo que va desde Julio del año 2021 en que se inició este nuevo Gobierno, en promedio, se ha tenido un ministro de Energía y Minas cada 62 días, un viceministro de Minas cada 84 días e inclusive se aprecia una alta rotación en direcciones generales. En particular, estos dos últimos casos, resultan preocupantes por la inestabilidad y pérdida de liderazgo e institucionalidad que ocasionan, algo que no se veía en ninguno de los últimos Gobiernos del país en este siglo XXI.
En 1T del 2022 la producción minera no supera a la alcanzada en prepandemia
Asimismo, en este lapso, 9 operaciones mineras se han visto afectadas significativamente por bloqueos y paralizaciones, siendo que 6 de ellas inclusive tuvieron que dejar de operar por cierto número de días; es más, en algunos casos -como Cuajone (SPCC) y de Las Bambas (MMG), han llegado a tener que suspender operaciones por períodos mayores a un mes.
Al 2022, la producción minera en el primer trimestre no supera aquella alcanzada en igual período pre-pandemia, así se puede apreciar que, tanto en cobre, como en oro, se está por debajo de lo producido en igual período del 2019 y, en plomo, se ha logrado el menor volumen de los últimos tres años.
Si a lo anterior, le sumamos además las barreras administrativas o la incertidumbre y/o poca claridad en la “tramitología” necesaria que se debe cumplir en el país ante 29 entidades y más de 230 procedimientos administrativos para llevar adelante un proyecto, el resultado del Instituto Fraser no puede, ni debe ser desestimado en una seria evaluación del estado de las cosas en Perú, la sostenibilidad del sector, la adopción de políticas públicas y el respeto por la institucionalidad.
En ese sentido, la información que recoge el Instituto Fraser en su encuesta anual de empresas mineras divulgadas recientemente -que algunas voces malinformadas tratan de subestimar por ser basada en una encuesta-, no hace más que ratificar la data negativa que acompaña el ejercicio de la nueva administración pública y augurar que lo que viene en una siguiente edición de este ranking puede ser peor, salvo que se enmienden las cosas a la brevedad posible.
Según el índice de atractivo para inversiones mineras del último ranking de Fraser, el Perú bajó al puesto 42° de 84 jurisdicciones, mientras que en el año 2020 se ubicó en el 34° de 77 plazas y, en el 2019, ocupó la posición 24° de 76 lugares. Si apreciamos la situación regional (Latinoamérica y el Caribe), Salta, San Juan y Santa Cruz en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y México han alcanzado mejores puestos que el Perú en esta oportunidad.
Comprendiendo a Fraser
Para entender más este índice y comprender la situación, analizar propuestas y ejecutar medidas; se debe desmenuzar este índice que combina, de un lado, el índice de potencial mineral (MPI) y, del otro, el de índice de percepción de políticas (PPI). En el MPI, el Perú pasó al puesto 24° de 84 plazas, mejorando la ubicación 30° de 70 jurisdicciones del año 2020, aunque aún rezagado respecto del puesto 12° que se alcanzara en la encuesta del año 2019. En el PPI, si se ha tenido una caída mayor, si bien se habían recuperado tres posiciones respecto del puesto 45° del año 2019, ocupando el puesto 42° de 77 jurisdicciones en el año 2020; así, en esta edición, cayó a la posición 69° de 84 lugares. Sin duda el referido análisis, deberá ser acompañado de una adecuada lectura y evaluación sobre el uso de los aportes de la minería.
Baja capacidad de gasto que no incorpora la variable de eficiencia y calidad de gasto
A modo de ejemplo, entre el 2011 y el 2021, 10 localidades que recibieron las mayores sumas en canon y regalías, sólo ejecutaron el 52% de tales recursos (baja capacidad de gasto que no incorpora necesariamente la variable de eficiencia y calidad de gasto). Así, si en el 2021 se registraron máximos históricos de aportes generados por la minería y posiblemente -por los precios de los commodities- se registrará algo similar en el 2022, la estrategia, decisión, políticas y medidas pasan por lugares comunes, conocidos, en beneficio de las poblaciones más vulnerables primordialmente; y, no por propuestas populistas que ya fracasaron décadas atrás como las nacionalizaciones, expropiaciones o estatizaciones y que su sólo dicho vienen infringiendo ya más daño a dichas poblaciones al generar menos entusiasmo en las inversiones con todo el potencial que estas despliegan; en particular, con empleo, activación de economías locales y colaboración en los entornos en que se desenvuelven.