Por: Augusto Cauti B. (Consultor Internacional y exviceministro de Minas)
La actividad minera es el principal sector económico que impulsa el crecimiento y desarrollo del Perú. No sólo por las inversiones, transferencias tecnológicas y conocimiento, sino también por el empleo, impuestos, innovaciones y activación de cadenas de valor locales. Sin embargo, desde hace tiempo, existen personas dedicadas a explotar metales, sin contar con título acreditado por el Estado, ni obtener permisos o licencias.
Este problema se ha incrementado hace 20 años y es previsible que sea más dramático por el Covid-19 y la tendencia alcista de los metales.
Dicha actividad, antes focalizada en el oro, ahora también lo está en el cobre, zinc, plata; y, de estar en cinco regiones, hoy está presente en las 25 regiones del país. Situación que el Estado busca afrontar, pero con poco éxito.
MAPE
En Perú, la actividad minera está agrupada en: régimen general (gran/ mediana); pequeña y minería artesanal.
Estas dos últimas son la MAPE y, al menos, un 1’000,000 de familias están vinculadas a ella y gran parte adolece de situación de pobreza.
En ese contexto, la MAPE en formalización presenta retos y desafíos propios, buscando soluciones diferenciadas de otras aplicables a la minería ilegal u otras actividades económicas informales. La falta de políticas claras y específicas genera que las medidas implementadas no obtengan resultados que beneficiarían a las personas involucradas y a la nación en general.
En el 2002, se inició un proceso de formalización con la Ley N°27651 y su reglamento (DS N°013-2002-EM), pero no se logró lo esperado y esas normas se vienen simplificando desde 2016, pero tampoco se logran los objetivos.
Al 2019, menos del 20 % de personas inscritas en el REINFO habían sido formalizadas y, actualmente, se estiman entre 400,000 a 500,000 personas dedicadas a ello.
Últimamente, el MINEM anunció que 11,000 mineros han quedado formalizados.
En general, un proceso de formalización permite desarrollar actividades económicas dentro de la legalidad.
Bajo la MAPE, la minería informal es la realizada en zonas no prohibidas por personas inscritas en el REINFO y que cumplan con la Ley General de Minería (art.91). Dicho proceso buscaría añadir valor a la cadena de producción de minerales, razón por la que incluye aspectos como: contar con un derecho minero, gozar de beneficios legales, realizar actividades más seguras, ser conscientes de la necesidad de mitigar daños, y proteger el medio ambiente, remediando los impactos.
Está claro que el valor agregado podría ser mayor y que su impacto abarca más que la producción. Por ello, debería incluirse al abastecimiento de insumos, procesamiento y comercialización, para generar valor a lo largo de toda la cadena.
Actualmente, las personas inscritas en el REINFO bajo el compromiso de cumplir con los requisitos establecidos, deben: aprobar el IGAFOM o IGAC; acreditar propiedad o autorización del uso de terreno; acreditar titularidad, contratos de cesión o explotación minera, DD.JJ. por CIRA; y, presentar expediente técnico. Una vez cumplidos, la DREM/ GREM emite la autorización de inicio o reinicio de actividades de explotación o beneficio y/o título de concesión de beneficio.
Ese proceso involucra aspectos de corte administrativo, legalista y burocrático que básicamente atañen a la producción y no aborda integralmente la cadena de valor de insumos, ni el procesamiento y comercio, tampoco distingue tipos de actividades mineras, ni enfoca los diversos territorios.
La falta de incentivos para acceder a beneficios para mantenerse en la formalidad, origina que los resultados logrados sean menores comparados con las personas involucradas. Y si bien, recogiendo una recomendación del Informe elaborado por la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible a inicios del 2020, se ha publicado recientemente una Política Nacional Multisectorial sobre la MAPE, se necesita ir más allá y adoptar medidas/ acciones concretas para lograr resultados en el corto, mediano y largo plazo.
En conclusión es un complejo y difícil problema social e institucional que traspasa lo económico y ambiental, pero se necesita urgentemente una cirugía mayor en el proceso con un enfoque integral (producción, procesamiento y comercialización, con trazabilidad) y territorial. En paralelo, se requiere implementar incentivos y beneficios reales a lo largo del proceso para acceder y permanecer en la formalidad.
Asimismo, reducir daños ambientales con tecnología adecuada, mejorar la articulación intersectorial, fortalecer capacidades de los gobiernos regionales en regulación y fiscalización, replicar prácticas de la gran/mediana minería. Así, se podrá tener una minería en formalización en ruta a la sostenibilidad.
Este artículo forma parte de la Revista ProActivo – Edición N° 221
