interconexión eléctrica

Las distribuidoras eléctricas estatales en Perú enfrentan limitaciones técnicas y administrativas, lo que ha llevado a un aumento en los reclamos de los consumidores eléctricos. Según reportes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), los cortes en el suministro y la mala calidad del servicio fueron las principales causas de las más de un millón de denuncias presentadas en 2022, un 4.8% más que en 2021. La mayoría de estas interrupciones ocurrieron en distribuidoras estatales.

El viceministro de Electricidad, Jaime Luyo, reconoció que estas empresas estatales enfrentan problemas técnicos y administrativos. Según Luyo, se necesita un nuevo diseño de gestión para las empresas distribuidoras bajo el ámbito del Fonafe, ya que actualmente enfrentan restricciones para invertir debido a las limitaciones impuestas por el holding estatal.

Ver también:  Osinergmin y Sunafil intervienen grifos en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores

Arturo Vásquez, presidente del Grupo Distriluz, que incluye a cuatro de las 11 distribuidoras del Fonafe, señaló que estas empresas operan en un contexto de restricciones administrativas y burocráticas. Vásquez explicó que están sujetos a leyes como la Ley de Contrataciones del Estado y las regulaciones de la Contraloría y el sistema de inversión pública, que no se aplican a las empresas privadas.

Las distribuidoras eléctricas estatales buscan obtener recursos excedentes para realizar inversiones y mejorar la calidad del servicio, pero enfrentan restricciones administrativas y regulaciones de endeudamiento público. Actualmente, solo pueden acceder a créditos a corto plazo, lo que limita su capacidad para realizar inversiones a largo plazo. Las obras eléctricas pueden tomar varios años desde su concepción hasta la recuperación de la inversión, lo que dificulta el crecimiento de estas empresas.

Ver también:  Osinergmin ordenó a Electro Oriente la refacturación de consumos eléctricos de 546 suministros en Amazonas

Sin embargo, se destaca que las distribuidoras estatales son solventes y generan recursos para el Tesoro, ya que sus ingresos superan sus costos. Se plantea la necesidad de revisar caso por caso cada una de estas empresas para abordar sus limitaciones y mejorar su eficiencia.