La minera Poderosa en Pataz, La Libertad, sufrió una masacre de nueve trabajadores, un incidente prevenido en hasta 40 reuniones con autoridades en los últimos tres años. La violencia, ligada a la minería ilegal, ya había cobrado siete vidas en los últimos dos años. Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos, destacó el deterioro de la seguridad debido al crecimiento de la minería ilegal y la presencia de grupos criminales. Los criminales, inicialmente contratados por mineros ilegales para protección, tomaron el control de la extracción de oro de Poderosa.
A pesar de las advertencias, la Policía Nacional del Perú no puede intervenir contra mineros ilegales debido a la suspensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que abarca el 70% de los 87,000 registros nacionales. De la Flor demanda tres medidas urgentes: reforzar la presencia policial, prorrogar el estado de emergencia y desplegar las Fuerzas Armadas en la zona.
El ejecutivo critica el Reinfo, denunciándolo como un “manto de protección a ilegales”. Propone su finalización y destaca tres proyectos de ley en el Congreso para extender su vigencia. Además, señala la facilidad con la que los ilegales adquieren explosivos en comparación con los mineros formales, alimentando actividades ilícitas.
De la Flor insta al Estado a rastrear la cadena ilegal y determinar quién compra y vende el oro ilegal. Identifica 48 plantas de procesamiento de oro cerca de la mina, acusando a algunas formales de procesar mineral de origen dudoso. El llamado es a supervisar y rastrear el mineral ilícito manchado de sangre.