ProActivo | Autoridades de Confiep, ComexPerú, AGAP, ADEX, IIMP y SNMPE ofrecieron una conferencia de prensa en el local principal de esta última institución, por anulación del DL 1607, que modifica la ley contra el contra el crimen organizado.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz, inició la conferencia de prensa tras la derogación del Decreto Legislativo 1607, cuyo objetivo era el de frenar el avance del crimen organizado y la minería ilegal. “Creemos que nuestro parlamento ha abdicado ante el crimen organizado”, manifestó.
Víctor Gobitz, junto a Leonie Roca, vicepresidenta de Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Darío Zegarra, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Alonso Rey, vicepresidente de la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú) y Gabriel Amaro, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP) expresaron su rechazo a la norma que fue presentada ayer a las 9 de la mañana y aprobada el mismo día a las 9 de la noche.
Observación
“Reconocemos al minero artesanal y que algunos son formales y otros en formalización. Nosotros nos referimos al minero ilegal que a través del uso del REINFO ha llegado a la criminalidad”, precisó el presidente de la SNMPE.
“Exhortamos que el Poder Ejecutivo observe esta decisión formulada por el Parlamento”, alertó Gobitz.
Por otro lado, Darío Zegarra del IIMP respaldó esta idea respecto al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). “Encubre la ilegalidad. Nuestras autoridades no pueden darle la espalda a la lucha contra la criminalidad pero dejan el mensaje que sí lo hacen. La minería ilegal nos afecta y no se puede formalizar, es un delito. Además de haber exposición muy grande a enfermedades, daños y muertes, sin estándares de salud ni de seguridad”, aseguró.
A su turno, Leonie Roca de la Confiep reforzó la idea de la inseguridad con cifras y observó que en 12 horas se haya aprobado el DL 1607. “El costo para combatirla es de 31.500 millones de soles al año. El año pasado hubieron 13 mil bodegueros víctimas de extorsiones y robos. Esto dejamos de lado para beneficiar a unos cuantos que se están haciendo ricos”, afirmó Roca.
Por su parte, Alonso Rey, de la COMEX Perú, dio alcances de los daños que la minería ilegal ocasiona en el comercio exterior y turismo. “En noviembre es el APEC y la seguridad es un tema importante para el comercio exterior y el turismo que aún no se recupera”, manifestó.
Pero la informalidad no solo ataca a la minería, sino también a la agricultura, como lo remarcó Gabriel Amaro de la AGAP. “En estos últimos diez años se degradaron más de 200 millones de hectáreas y solo en Madre de Dios más de 24 mil entre 2021 y 2023. Estas actividades ilícitas sin marco jurídico no solo afectan los ecosistemas y la cadena productiva agraria, sino a todos los peruanos”, apuntó Amaro.
Gobitz remarcó que es fundamental la trazabilidad. “Es necesaria para resolver este problema de raíz, como por ejemplo, con los insumos químicos, pues el cianuro es necesario para la producción del oro, así como los explosivos”, sentenció.
El conjunto de instituciones gremiales coincidieron en señalar que la norma favorece el incremento de la criminalidad en el país que afecta a las microeconomías de las pequeñas empresas, y a la macroeconomía nacional que busca la captación de capitales para elevar la caída sufrida del PBI en los últimos años.