- Ministro Juan Carlos Castro presidió la reunión de la Comisión de Alto Nivel encargada de implementar acciones contra las actividades ilícitas que dañan nuestros ecosistemas.
La Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Reducción de Delitos Ambientales (CANDAM) aprobó la Estrategia Nacional de Prevención y Reducción de Delitos Ambientales (ENPRDA), a fin de mejorar la respuesta y efectividad del Estado frente a la comisión de actividades ilegales que afecten el ambiente, los recursos naturales y los servicios ecosistémicos. Ello como parte del compromiso del Gobierno de promover el desarrollo sostenible y enfrentar los riesgos ambientales.
Dicho acuerdo se adoptó durante la primera sesión ordinaria de 2024, que fue presidida por el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, quien hizo un llamado a todos los miembros de la comisión para asumir compromisos concretos en esta lucha, “reforzando el esfuerzo del Gobierno por proteger la naturaleza y el bienestar de las comunidades que dependen de ella”.
La citada estrategia es una hoja de ruta que señala objetivos, acciones, indicadores de cumplimiento, responsables y corresponsables en la ejecución de intervenciones multisectoriales y multinivel orientadas a reducir los ilícitos penales en materia ambiental en el país.
La CANDAM elabora y propone lineamientos y medidas para la prevención y reducción de los delitos ambientales, y fortalece la gobernanza y el acceso a la justicia ambiental, con miras a una gestión sostenible que asegure el bienestar de la población peruana.
En el cumplimiento de dichas acciones participan la Unidad Funcional de Delitos Ambientales (UNIDA) del Ministerio del Ambiente (Minam) y 17 entidades públicas integrantes de dicha comisión, 15 de las cuales pertenecen al Poder Ejecutivo.
En la primera sesión, del 5 de noviembre último, también participaron el viceministro de Gestión Ambiental, Edgar Romero; el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Juan Haro; el coordinador de UNIDA Minam, Oscar Contreras; el presidente ejecutivo del OEFA, así como representantes de Serfor, de USAID y del Proyecto ECOS, que es una iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.