(Foto: Congreso de la República/JCSanchez)
En el Congreso de la República, la Comisión de Energía y Minas avanza en la elaboración de un nuevo marco normativo para la pequeña minería y minería artesanal, conocido como la Ley MAPE. Este borrador ha generado debates y cuestionamientos debido a la activa participación de mineros informales en su redacción, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la imparcialidad y efectividad del proceso.
El borrador de la Ley MAPE se está desarrollando en mesas de trabajo donde los principales actores incluyen representantes de organizaciones como la Confemin y la Fenamarpe. Muchos de estos representantes tienen registros suspendidos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un sistema clave para supervisar el proceso de formalización en el sector.
Entre los participantes destacan figuras con vínculos políticos, como Máximo Franco Béquer, militante de Renovación Popular, y otros representantes de partidos políticos como Podemos Perú, Perú Libre y A.N.TA.U.RO. Este panorama evidencia una posible politización del proceso legislativo.
Propuestas controversiales en el borrador
El borrador incluye propuestas como la servidumbre minera en concesiones inactivas, lo que permitiría a mineros informales explotar recursos en terrenos concesionados tras un proceso de conciliación. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por incentivar la invasión de concesiones formales y poner en riesgo la seguridad jurídica del sector.
Asimismo, el borrador plantea un régimen especial para la adquisición y uso de explosivos, así como la responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para otorgar certificaciones ambientales. Estas disposiciones han generado preocupaciones entre los actores formales de la industria minera.
Falta de imparcialidad en la mesa de trabajo
El manejo del proceso ha sido cuestionado por expertos como César Ipenza, abogado especializado en derecho ambiental. Según Ipenza, la parcialidad del presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, pone en riesgo la legitimidad del predictamen. Además, subrayó la necesidad de incluir a otros actores afectados por la minería informal, como comunidades indígenas y representantes del sector formal.
Por otro lado, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) decidió retirarse de las discusiones debido a la falta de neutralidad en el proceso. Este abandono evidencia la falta de consenso entre las partes interesadas.