Esta madrugada, mineros ilegales destruyeron con cuatro cargas de dinamita otra torre de alta tensión en las inmediaciones de la bocamina Atahualpa, dejando sin fluido eléctrico el sector Cedro y la Unidad Productiva Santa María de Compañía Minera Poderosa. Inmediatamente se pudo activar el plan de emergencia para reponer parcialmente el suministro eléctrico a las operaciones mientras se reemplaza la torre afectada.
Se trata del segundo atentado contra la empresa en menos de cuatro días y la decimosexta (16) torre de alta tensión siniestrada por los ilegales en los últimos tres años. A ello hay que sumar la lamentable pérdida de la vida de 18 colaboradores, víctimas de los ataques de mineros ilegales contra nuestras operaciones.
Como señalamos en un anterior comunicado, la escalada destructiva desatada por los mineros ilegales se da a pesar de la vigencia del Estado de Emergencia y la presencia de más de 200 efectivos policiales y personal del ejército en Pataz.
Al constante asedio que viene padeciendo Poderosa por parte de estos grupos criminales hay que sumar el espiral de enfrentamientos violentos que se vienen produciendo entre los propios mineros ilegales por el control territorial de la zona, con terribles consecuencias. Recordemos que el último noviembre la PNP descubrió una fosa común con al menos 16 cuerpos que, según reportes policiales.
El deterioro de las condiciones de seguridad y la actuación impune de los mineros ilegales en la zona exige una respuesta contundente y coherente del Estado. Esta debe involucrar un mejor trabajo de inteligencia y la creación de una unidad de flagrancia, además del recientemente anunciado Frente Policial por el Premier Gustavo Adrianzen. Este frente es urgente de concretar para que el Estado de Emergencia pueda ser más efectivo.
El Ministerio Público (MP) no cuenta con una oficina en Pataz para atender estos casos, debiendo los fiscales movilizarse desde Huamachuco, a seis horas de distancia. Urge resolver esta falencia y apuntalar las coordinaciones del MP y el Poder Judicial para combatir la minería ilegal.
También le corresponde una enorme responsabilidad al Congreso de la República que, en diciembre pasado, amplió nuevamente el REINFO, registro que los mineros ilegales utilizan para seguir operando con total impunidad.
En la actualidad hay 25 zonas de nuestras operaciones tomadas por mineros ilegales, de donde hemos tenido que replegarnos para proteger la integridad física y seguridad de los trabajadores. Igualmente, operan en la zona más de 40 plantas ilegales de procesamiento aurífero perfectamente identificadas y georreferenciadas. A ello hay que agregar el trasiego de mineral extraído ilegalmente y que es trasladado a distintas plantas formales en la costa.
Lamentablemente, nuestros reiterados requerimientos a la PNP para que desaloje a los ilegales de las galerías en las que invade e intervenga las plantas que procesan el mineral ilícito no han sido atendidos.
