Grossheim destacó que la minería ilegal ya no es una actividad de subsistencia, sino que involucra grandes montos de inversión, especialmente en zonas cercanas a operaciones formales como Las Bambas. Esta situación genera graves afectaciones ambientales, sociales y económicas, incluyendo el tráfico de personas y la pérdida de ingresos para el Estado.
Entre enero y noviembre de 2024, la producción de cobre en Perú alcanzó los 2’472,307 toneladas métricas finas (TMF), lo que significó una caída del 1.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este declive ha permitido que países como el Congo superen a Perú en producción, ocupando el segundo lugar después de Chile.
La minería formal ha demostrado ser un motor económico clave para el país. Entre enero y noviembre de 2024, las transferencias por este sector sumaron S/8,024 millones, de los cuales S/5,579 millones correspondieron al canon minero. La recaudación fiscal ascendió a S/16,737 millones en el mismo periodo.
Proyectos mineros en espera
A marzo de 2024, el Perú contaba con una cartera minera de 51 proyectos por un valor total de US$54,556 millones. De estos, 31 proyectos, valorizados en US$39,795 millones, están enfocados en la extracción de cobre. Entre los proyectos más destacados se encuentran:
- Reposición Antamina: Con una inversión de US$1,604 millones, este proyecto ampliará la capacidad de la mina de 170,000 a 208,000 TMF por día.
- Ampliación Toromocho – Fase II: Incrementará la producción de 140,640 a 170,000 TMF.
- El Galeno: Con una inversión de US$3,500 millones.
- Tía María: Valorizado en US$1,400 millones.
- Los Chancas: Con una inversión de US$2,500 millones.
- Michiquillay: Valorizado en US$2,500 millones.
Invasiones Ilegales en Proyectos Paralizados
Uno de los casos más preocupantes es el proyecto Conga, paralizado desde 2011 debido a conflictos sociales. Según reportes, mineros ilegales han ingresado a la zona sin que las autoridades tomen acciones al respecto. Este proyecto, que requería una inversión de casi US$5,000 millones, representaba una oportunidad clave para el desarrollo de Cajamarca, una de las regiones más pobres del país.
La falta de resolución de conflictos sociales y la inacción frente a la minería ilegal han generado un impacto negativo en la economía local y en la imagen del Perú como destino de inversión minera.
