- En su participación en el primer Rumbo a PERUMIN del año, el abogado destacó que el Perú cuenta con un régimen legal competitivo para el otorgamiento de derechos mineros, lo que brinda seguridad a los inversionistas.
Durante su participación en la primera edición de Rumbo a PERUMIN del año, organizado en el marco del Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Francisco Tong, socio de Rodrigo, Elías & Medrano, Abogados, destacó que un acercamiento temprano del Estado y una política clara de desarrollo minero sostenible, además de una institucionalidad sólida, son fundamentales para reducir la informalidad y la ilegalidad en la minería.
“Cuando una empresa llega a un territorio con planes de desarrollar un proyecto minero, la presencia temprana del Estado y una política clara son esenciales no solo para combatir la informalidad y la ilegalidad, sino también para garantizar un marco normativo sólido sin relajar las obligaciones y para reducir la conflictividad social. La minería es una actividad que puede generar riesgos si no se maneja con responsabilidad”, explicó Tong.
El especialista subrayó que el país necesita un marco normativo que refleje la realidad de la pequeña minería y la minería artesanal, sin imponer exigencias desproporcionadas que fomenten el mercado negro.
“Si elevamos demasiado la valla de regulaciones, generamos informalidad. Es necesario ajustar las normativas de manera integral para que la pequeña minería pueda crecer y, eventualmente, convertirse en mediana o gran minería. Pero esto debe ir acompañado de una fiscalización efectiva, de lo contrario, se abre la puerta a actividades ilegales”, indicó.
Tong también resaltó que el Perú cuenta con un régimen competitivo para el otorgamiento de derechos mineros, con procedimientos claros y objetivos que brindan seguridad a los inversionistas.
“El sistema peruano permite que los inversionistas confíen en que su concesión no será cuestionada ni sufrirá demoras innecesarias. Esto es clave para mantener la competitividad del país en el sector minero”, afirmó.
En cuanto a la lucha contra la minería ilegal, el abogado enfatizó que la clave está en fortalecer la institucionalidad del Estado.
“Necesitamos un Estado con una política sólida y clara, compartida por todas las instituciones involucradas en el desarrollo de un proyecto minero. Actualmente, más de 30 entidades tienen competencias en este proceso, por lo que es fundamental que trabajen alineadas para combatir la ilegalidad y fomentar una minería formal y sostenible”, concluyó.
