En los últimos años, Bolivia ha sido protagonista de un intenso debate en torno a la compra de oro por parte de su Banco Central. Mientras el gobierno defiende esta práctica como una herramienta clave para fortalecer las reservas internacionales y cumplir con obligaciones externas, sectores de la oposición y expertos han levantado sospechas sobre posibles irregularidades, incluyendo acusaciones de blanqueo de capitales.
El contexto: Minería y precios récord del oro
Bolivia, un país rico en recursos naturales, ha experimentado un auge en la actividad minera, especialmente en la región amazónica. Este crecimiento, sumado a los precios récord del oro en los mercados internacionales, ha convertido al metal precioso en un recurso estratégico para la economía boliviana. Según datos oficiales, el 99,5% del oro producido en el país proviene de cooperativas mineras, aunque algunos analistas cuestionan la legalidad de muchas de estas operaciones.
El Banco Central de Bolivia ha adquirido más de 18 toneladas métricas de oro desde mayo de 2023, cuando se promulgó una ley para fortalecer las reservas de divisas. De estas, 14,5 toneladas fueron refinadas en 2024, con un valor aproximado de 1.300 millones de dólares. Estas compras han permitido al país cumplir con sus obligaciones externas y financiar importaciones esenciales, como el combustible.
Las acusaciones de blanqueo
A pesar de los beneficios económicos, la práctica ha sido cuestionada por legisladores de la oposición. En noviembre de 2024, la diputada Andrea Barrientos denunció que gran parte del oro adquirido por el Banco Central podría provenir de fuentes ilegales, canalizadas a través de la comercializadora estatal EPCORO. Según Barrientos, esto representaría un posible caso de blanqueo de capitales.
Expertos y exfuncionarios, como el exviceministro de Minería Héctor Córdoba, han respaldado estas acusaciones, señalando que muchas cooperativas mineras operan sin los permisos necesarios. Esto ha generado dudas sobre la trazabilidad del oro y la transparencia en su adquisición.
La defensa del gobierno
Frente a estas críticas, el gobierno boliviano ha salido al frente para defender la legalidad de las compras. Marcelo Montenegro, ministro de Finanzas, aseguró que el Banco Central cumple con todos los requisitos de trazabilidad y documentación necesarios para garantizar la procedencia legal del oro. “El Banco Central es muy cuidadoso en este proceso”, afirmó Montenegro en una conferencia de prensa en La Paz.
Además, el gobierno ha destacado el papel crucial que estas compras han tenido en la estabilización de la economía nacional. Según cifras oficiales, la venta de 39 toneladas de oro ha permitido financiar importaciones críticas y mantener un flujo estable de divisas en un contexto global marcado por la incertidumbre económica.
Implicaciones económicas y sociales
La compra de oro por parte del Banco Central no solo tiene implicaciones financieras, sino también sociales. La minería es una fuente importante de empleo en Bolivia, especialmente en regiones rurales y comunidades indígenas. Sin embargo, la falta de regulación y supervisión en el sector ha generado problemas ambientales y sociales, incluyendo la explotación laboral y el daño a ecosistemas sensibles.
Por otro lado, la dependencia del oro como reserva de valor plantea riesgos a largo plazo. Los precios del metal son volátiles y están sujetos a fluctuaciones en los mercados internacionales. Una caída significativa en su valor podría afectar gravemente las reservas del país y su capacidad para cumplir con obligaciones financieras.
El futuro de las reservas de oro en Bolivia
En un intento por diversificar sus reservas y fortalecer su posición financiera, el gobierno boliviano emitió un decreto el 1 de enero de 2025 que permite al Banco Central utilizar las reservas de oro como garantía para nuevos préstamos o créditos. Esta medida busca aprovechar el valor del metal precioso para obtener financiamiento adicional en un contexto de restricciones económicas.
Sin embargo, esta estrategia también ha generado críticas. Algunos economistas argumentan que utilizar el oro como garantía podría comprometer la estabilidad financiera del país si no se maneja con prudencia. Además, existe el riesgo de que las reservas se reduzcan a niveles críticos, dejando al país vulnerable en caso de una crisis económica.
